Termina un conflicto mapuche, pero se agrava otro

Nacional Política

Hay piquetes y reclamos de comunidades mapuches sobre Vaca Muerta. En Neuquén negocian, pero Patricia Bullrich habló de enviar 300 gendarmes.

Por: Héctor Gambini Para: Clarín

Cayó la primera ficha y el efecto dominó se extiende desde hace varios meses, sin pausa. Pero otras fichas, en otros tableros, se levantan sigilosas.

La justicia de Bariloche condenó este lunes a siete militantes autodenominados mapuches que usurparon tierras nacionales en Villa Mascardi. Es una noticia que marca un cambio de época.

La usurpación de esas tierras -ubicadas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi- había sido alentada desde el Estado durante el kirchnerismo, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Justicia de la Nación.

Su titular era Magdalena Odarda, socia política del ex ministro Martín Soria, quienes integraron la fórmula para gobernar Río Negro en 2019.

Perdieron, pero siguieron activos en la política provincial entregando tierras desde la Nación.

La sucesión de hechos es notoria: cuando el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner dejó el poder, los ataques violentos a los vecinos de Villa Mascardi se diluyeron hasta desaparecer.

En paralelo, empezó a quedar al descubierto un largo manto de negociados con los terrenos fiscales en la Patagonia en uno de cuyos extremos Franco Dellavalle, un funcionario de Economía durante la gestión de Sergio Massa que hacía “planes de desarrollo” junto a Juan Grabois, recibió en concesión por 10 años un área en la mejor zona del circuito del Cerro Tronador.

También cesaron los ataques en El Bolsón, donde hace dos años integrantes de agrupaciones gauchescas corrieron a caballo -en una insólita remake del Martín Fierro– a un grupo que reclamaba para sí un sitio llamado Cuesta del Ternero.

Tres mapuches fueron condenados este miércoles por aquella usurpación.

La saga se completó con el procesamiento a cuatro funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Procuración del Tesoro que dejaron caer a propósito el plazo de la apelación del Estado tras el fallo que les otorgaba a otros grupos mapuches los terrenos de la Escuela de Montaña del Ejército.

Una de las excusas repetidas por la falta de decisiones respecto del conflicto era que el juzgado federal de Bariloche estaba vacante y los sucesivos jueces que subrogaban allí avanzaban y retrocedían sobre las causas -según el grado de simpatía con el kirchnerismo-, como una Penélope patagónica que destejía por las noches, en soledad, lo que fingía tejer de día, a la vista de todos.

Pero el punto central no era ése -Bariloche sigue sin juez y la vieja causa de Mascardi igual avanzó hasta llegar a la condena-, sino una política organizada desde el Estado para alentar las tomas y el reparto de tierras con fines electorales y como bandera ideológica, después del caso Maldonado y la fallida idea del kirchnerismo de convertir la tragedia de su ahogamiento en el río Chubut en una desaparición forzada.

En paralelo a la caída del conflicto Mascardi, en Río Negro, otro escenario comienza a complicarse en Neuquén, donde un foro-debate de Consenso Patagonia previsto para este jueves debió suspenderse por la presión de grupos mapuches que acusan a esa asociación de empresarios y productores de reivindicar a Roca”.

Los organizadores avisaron que suspendían el evento por un recrudecimiento de la tensión territorial.

Esos grupos mapuches presionan sobre la gobernación de Rolando Figueroa para que reconozca más comunidades originarias, y ya iniciaron reclamos de tierras en parcelas que se superponen con las extensiones de Vaca Muerta.

Allí hubo piquetes impidiendo el acceso de camiones a las plantas, pero ahora se abrió una interna de halcones y palomas.

Mientras en la Provincia buscan canales de diálogo, Patricia Bullrich fue al Club del Petróleo y habló sobre el envío de 300 gendarmes para un “Comando de Seguridad Productiva” creado justo para eso, hace menos de un mes.

Fuente: Clarín