Se establecerá un período de transición de 60 días “a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales“.
El Gobierno nacional sigue activando su plan motosierra en el Estado. Ahora, a través de una resolución dispuso el cierre de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a partir del próximo 1° de abril. Se temen más de 500 despidos que podrían sumarse a los más de 300 telegramas que fueron llegando en las últimas horas.
La Delegación Misiones no está exenta de la medida, que afecta las fuentes de trabajo de los empleados locales y sus familias.
El Enacom -creado como tal en diciembre de 2015 en reemplazo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)- es un ente autárquico y descentralizado, regulador de las comunicaciones, que tiene como objetivo conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.
Entre sus múltiples funciones se encontraba regular precios de esos servicios brindados por privados, una premisa contraria a la desregulación total del mercado impulsada por Milei.
El ENACOM, se encuentra intervenido desde el 26 de enero pasado y quedó a cargo de Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos, la abogada Patricia Zulema Roldán y Alejandro Pereyra, ex director de ENACOM.
Fuentes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, bajo cuya órbita quedó el ente intervenido, argumentaron que el cierre de las delegaciones provinciales “se enmarca en el compromiso de gestionar eficientemente los recursos del Estado“. “Tras un exhaustivo análisis de la actividad desarrollada en las delegaciones provinciales, hemos observado una disminución significativa de sus funciones desde la implementación del Trámite a Distancia (TAD). La simplificación y automatización de los procesos han llevado a una desproporción entre las tareas realizadas y la estructura de estas delegaciones“, explicaron.
La nueva resolución, en tanto, establecerá un período de transición de 60 días “a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales“.
Por otra parte, se dispondrá de una dotación mínima de trabajadores para garantizar las tareas que conlleven el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial de todos los bienes que poseen cada una de las oficinas provinciales.
Además, se deberán publicitar en un plazo de 30 días medios de atención alternativos para canalizar denuncias y demás tramites que eran realizados en las delegaciones provinciales del ente.
Fuente: Medios digitales
