La Nación llevó al Directorio del Instituto una propuesta que permite conocer con mayor precisión el modelo que imagina para el futuro del organismo: menos intervención directa, controles digitales y posteriores, integración con SENASA, depuración normativa y revisión de los programas existentes.
Pero la discusión recién empieza. Porque además de preguntarnos qué quiere la Nación, habrá que preguntar qué quiere Misiones, qué quieren los productores y si los propios yerbateros siguen viendo valor en un INYM reformado o concentrarán toda la discusión en el precio de la hoja verde.
Ahora sabemos algo más
Hace una semana, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y del SENASA llegaron a Posadas para reunirse con el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
La comunicación posterior permitió conocer algunos lineamientos generales, pero dejó numerosos interrogantes. Ahora se conoce bastante más.
Un proyecto de reordenamiento presentado por funcionarios nacionales —todavía no aprobado por el Directorio— propone modificar profundamente la manera en que funciona el Instituto. Primera Edición accedió al documento y publicó parte de su contenido.
La información coincide con la presentación realizada ante los directores: integración informática con SENASA, digitalización, controles posteriores, depuración normativa y revisión integral de programas y beneficios. Hay una frase de aquella presentación que resume la filosofía del proyecto:
El INYM que imagina la Nación
La propuesta no plantea formalmente la desaparición del Instituto. Plantea otra cosa: cambiar sustancialmente su funcionamiento.
Los controles pasarían progresivamente de un esquema documental y previo hacia otro basado en digitalización, interoperabilidad, trazabilidad, cruces de información y fiscalización posterior.
El Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) de SENASA se convertiría en la principal fuente de información sobre movimientos. El INYM recibiría datos sobre operadores, producto, volumen, origen y destino, fechas y situaciones anómalas, conservando capacidad de validación y control posterior.
Las declaraciones juradas mensuales de movimientos y stocks se mantendrían transitoriamente hasta que funcione plenamente el intercambio de información.
También permanecerían las facultades de inspección y sanción, aunque desaparecería cualquier utilización del régimen sancionatorio como instrumento de intervención sobre precios.
No se trata, entonces, simplemente de eliminar controles. Se propone otra manera de controlar.
Y hay aspectos difíciles de cuestionar: evitar que dos organismos pidan dos veces la misma información, digitalizar procedimientos, eliminar normas obsoletas, simplificar trámites y utilizar bases de datos públicas interconectadas puede significar menos costos y más eficiencia.
La cuestión es determinar dónde termina la eliminación de burocracia innecesaria y dónde comienza la pérdida de capacidades útiles para la actividad.
Desregular no debería significar desinstitucionalizar
El Decreto 812/2025 fijó claramente el límite: el INYM no puede dictar normas o realizar intervenciones que distorsionen precios, generen barreras de entrada, impidan la iniciativa privada o interfieran en la libre interacción entre oferta y demanda. También ordenó revisar la normativa del Instituto conforme a esos principios. Es una definición política explícita del Gobierno nacional.
Pero aceptar que el INYM no debe fijar precios ni administrar la oferta no resuelve todas las demás preguntas. Porque la yerba mate seguirá necesitando información, estadísticas, investigación, calidad, trazabilidad, promoción, capacitación y determinados controles aunque el precio de la hoja verde sea determinado exclusivamente por el mercado.
Desregular una actividad no necesariamente significa desinstitucionalizarla. Y ése debería ser uno de los puntos centrales de la discusión.
Información para decidir: allí hay una coincidencia que debería aprovecharse
Quizás uno de los aspectos más interesantes de la propuesta nacional sea precisamente la importancia que le otorga a la información. Menos papeles, pero más datos. Menos controles administrativos previos, pero mayor trazabilidad. Menos declaraciones duplicadas, pero sistemas capaces de intercambiar información.
Si ésa es la filosofía, vale llevarla un poco más lejos. Porque la libertad de decidir necesita información para poder ejercerse.
Un productor debería conocer cuánto cuesta producir un kilo de hoja verde en diferentes modelos productivos; cuánto se está pagando realmente; cuánta superficie está plantada; cómo evoluciona la producción; cuáles son las existencias; cuánto absorbe el mercado interno; cuánto se exporta y hacia dónde.
Un secadero necesita información. Una cooperativa necesita información. También la necesitan un pequeño molino y una gran industria.
¿Por qué un INYM que ya no fija precios no podría calcular y publicar costos promedio y precios de referencia puramente informativos?
No obligaría a nadie. No establecería un precio mínimo. No sancionaría a quien comprara o vendiera por otro valor. Simplemente permitiría saber.
Y también permitiría que un productor descubriera que está perdiendo dinero y decidiera libremente mejorar su productividad, reconvertirse, diversificar o abandonar esa producción.
Informar no es intervenir. Informar es permitir decidir mejor.
Los programas: ¿cuándo un beneficio se convierte en una ventaja indebida?
Aquí aparece uno de los puntos más delicados del proyecto.
La propuesta establece que los programas deberán contar con fundamento técnico y jurídico, previsión presupuestaria, requisitos objetivos, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, seguimiento y evaluación. Es difícil cuestionar esos principios.
También establece que ningún programa podrá distorsionar precios, restringir la competencia ni generar ventajas indebidas. Primera Edición informa que los programas existentes deberán revisarse y que aquellos incompatibles con el nuevo esquema podrían modificarse, suspenderse o finalizarse.
El problema será cómo se interprete esa restricción. Porque todo programa tiene beneficiarios.
Un programa destinado a pequeños productores beneficia a pequeños productores. Uno de capacitación de secaderos beneficia a secaderos. Una investigación sobre nuevas tecnologías beneficia inicialmente a quienes puedan adoptarlas. Una acción destinada a abrir mercados externos probablemente resulte más útil para quienes estén en condiciones de exportar.
La pregunta, entonces, no debería ser si un programa beneficia particularmente a alguien.
Debería ser si existe una justificación objetiva para hacerlo, si pueden acceder todos aquellos que reúnan las mismas condiciones, si existe transparencia y si sus resultados pueden medirse. Si ése fuera el criterio, el reordenamiento podría eliminar discrecionalidades y mejorar programas.
Si cualquier beneficio diferencial fuera interpretado como una ventaja indebida, prácticamente ningún programa de desarrollo sectorial tendría posibilidades de sobrevivir.
Podemos preguntarle al proyecto si sus consecuencias prácticas son coherentes con los propios principios que establece.
¿Y qué quiere Misiones?
Hasta aquí sabemos bastante más acerca de lo que quiere la Nación.
Pero el INYM no nació solamente porque alguna vez el Gobierno nacional decidió crear un organismo. Nació como respuesta a las características particulares de una economía regional y fue diseñado con representación de distintos eslabones de la cadena y de los gobiernos de Misiones y Corrientes.
Por eso resulta inevitable otra pregunta: ¿Qué INYM quiere Misiones?
No alcanza con responder que se quiere conservar el Instituto. Hay que explicar para qué.
¿Qué funciones considera indispensables la Provincia? ¿Qué controles deberían permanecer? ¿Qué programas deberían defenderse? ¿Qué información debería producir? ¿Qué tareas pueden articularse con SENASA sin perder capacidades? ¿Qué cosas del viejo INYM deberían desaparecer porque dejaron de tener sentido?
Defender una institución no debería significar defender cada norma que dictó durante más de veinte años. Pero reformarla tampoco debería significar aceptar cualquier reducción de sus capacidades por el solo hecho de llamarla desregulación.
¿Y qué quieren los yerbateros?
Ésta puede ser la pregunta más incómoda de todas, porque interpela al sector.
Mientras se discute el futuro institucional del INYM, los productores continúan reclamando por el bajo precio de la hoja verde. Es comprensible: el ingreso inmediato de miles de chacras depende de ese precio.
Pero el marco nacional vigente cerró la vía de la fijación oficial: el Decreto 812/2025 impide al Instituto intervenir de manera que distorsione precios o interfiera en la libre interacción de oferta y demanda. Entonces el sector productivo tiene por delante una discusión que va bastante más allá del precio de esta zafra.
¿Los yerbateros quieren defender al INYM? Y si la respuesta es sí: ¿qué INYM quieren defender?
¿Uno que vuelva a fijar precios, aun cuando hoy el marco nacional lo impide? ¿O un Instituto reformado, capaz de producir información, estudiar costos, transparentar mercados, promover consumo y exportaciones, financiar investigación con reglas objetivas, mejorar calidad y conservar controles técnicamente justificados?
Porque también existe otra posibilidad: concentrar toda la energía en reclamar un precio y dejar que, mientras tanto, se decida sin suficiente discusión qué funciones conservará el organismo.
El precio importa. Pero el precio de hoy no agota el problema de mañana. Si los productores consideran que el INYM tiene valor, éste es el momento de explicar cuál. Qué herramientas necesitan conservar, cuáles deberían cambiar y cuáles ya no sirven.
Y si consideran que no lo tiene, también sería saludable decirlo.
Lo que parece difícil es reclamar al Instituto una solución para el precio y, al mismo tiempo, permanecer al margen mientras se redefine qué podrá hacer ese mismo Instituto en el futuro.
El precio no puede ser la única discusión
El problema actual del productor es real: los costos aumentaron y la abundancia de materia prima debilitó su capacidad de negociación. Pero concentrar toda la discusión en cuánto debería valer hoy el kilo de hoja verde puede impedir ver el problema estructural.
Hay más superficie implantada. Hay mayor capacidad potencial de producción. El mercado interno tiene límites. Las exportaciones están creciendo, pero todavía representan una proporción mucho menor del destino total de la producción.
Por eso, mejorar de manera sostenible el ingreso del productor no depende solamente de discutir el precio.
Depende también de productividad, calidad, apertura de mercados, promoción, investigación, innovación, diferenciación de productos, información y capacidad para adaptar la oferta a una demanda que no es infinita.
Y precisamente varias de esas tareas son las que habrá que decidir si continuará realizando el INYM.
Industria o actividad yerbatera
Hay finalmente una cuestión conceptual que seguimos considerando importante. El marco normativo modificado habla de procurar proteger el “carácter competitivo de la industria”.
La actividad yerbatera, sin embargo, es bastante más que la industria. Está formada por productores, trabajadores rurales, prestadores de servicios, secaderos, cooperativas, molinos, fraccionadores, comercializadores y exportadores.
Por eso sigue siendo válida la pregunta:
¿Por qué hablar de competitividad de la industria y no de competitividad de toda la actividad yerbatera? No es solamente una cuestión semántica.
La competitividad de un eslabón puede beneficiar al resto de la cadena, pero no necesariamente ni automáticamente. Y para saber si efectivamente ocurre hacen falta, otra vez, datos.
Entonces, ¿qué INYM queremos?
Quizás ésta sea finalmente la discusión que Misiones todavía no está dando con suficiente profundidad.
El Gobierno nacional parece tener una idea bastante definida: un INYM menos interventor, más digital, integrado informáticamente con otros organismos, concentrado en determinadas funciones de control y sometido a fuertes restricciones para intervenir sobre el funcionamiento del mercado.
Ahora corresponde discutir esa propuesta. No para regresar automáticamente al INYM anterior.
Tampoco para aceptar que toda función existente es burocracia simplemente porque fue creada por una regulación. Sino para determinar qué institución necesita una economía regional moderna.
Tal vez el debate no sea INYM sí o INYM no.
La pregunta es bastante más exigente: qué INYM necesita la actividad yerbatera que viene.
Y para responderla no alcanza ni nos sirve con saber qué quiere Buenos Aires.
También necesitamos saber qué quiere Misiones y qué quieren los propios yerbateros.
Fuentes
Elaboración LVD en base a la presentación del proyecto de reordenamiento expuesto ante el Directorio del INYM; Decreto 812/2025 y normativa vigente; comunicación oficial del Gobierno nacional sobre la modernización del Instituto; y Primera Edición, 21 de septiembre de 2026. La propuesta difundida todavía no fue aprobada por el Directorio.
Primera Edición – “Nación sigue metiendo mano al INYM y podría desmantelar todos los programas”: https://www.primeraedicion.com.ar/nota/101144651/nacion-sigue-metiendo-mano-al-inym-y-podria-desmantelar-todos-los-programas/
Decreto 812/2025 – texto oficial: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-420305/texto
Gobierno nacional – “El Gobierno moderniza el INYM para garantizar competencia y calidad…”: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-moderniza-el-inym-para-garantizar-competencia-y-calidad-en-el-mercado-de-la
