El despido del 25% del personal del Instituto Nacional de la Yerba Mate reabre el debate sobre el rol del organismo, la política de desregulación y las verdaderas causas del derrumbe del precio de la hoja verde.
La motosierra llegó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El pasado lunes 29, veintiuno de los 84 trabajadores del organismo fueron notificados de su cesantía, una medida que tendría un costo estimado cercano a los 800 millones de pesos. Se trata de un recorte significativo que afecta a una cuarta parte del plantel y que vuelve a poner al Instituto en el centro de la polémica yerbatera.
La decisión fue tomada por el Directorio a menos de tres semanas de la asunción del contador Rodrigo Correa como presidente del INYM, luego de casi dos años de acefalía. El funcionario, designado por el Gobierno Nacional, no posee antecedentes en la actividad yerbatera, un dato que no pasó inadvertido en el sector.
El martes 30 se formalizaron los despidos y, según versiones internas, podrían producirse nuevas desvinculaciones en las próximas semanas. El achicamiento del organismo se inscribe en la política de desregulación total del mercado yerbatero que impulsa el Gobierno Nacional desde diciembre de 2023.
La reacción gremial
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron su sorpresa por la modalidad y el alcance de la medida. Según denunciaron, los empleados fueron citados individualmente y notificados ante un escribano. La mitad de los despedidos se encontraba afiliada al gremio y entre ellos hay dos delegados sindicales con tutela.
El INYM y su razón de ser
Los despidos se producen en un organismo que nació en 2001, luego de una de las crisis más profundas que recuerde la actividad yerbatera. Aquella crisis fue consecuencia directa de la desregulación impulsada en los años noventa, cuando el gobierno de Carlos Menem disolvió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM).
La respuesta de los productores fue histórica: camiones y tractores avanzaron sobre Posadas y sostuvieron un acampe de más de un mes hasta lograr la sanción de la ley que creó el INYM. Desde entonces, el Instituto se financia a través de la estampilla obligatoria que llevan los paquetes de yerba mate, lo que implica que no tiene costo fiscal directo para el Estado, aunque sí impacta en el precio final que pagan los consumidores, defensa del cual el Ministro Federico Sturzenegger es ferviente partidario.
Durante años, el INYM logró recomponer el precio de la hoja verde y de la yerba canchada, otorgando márgenes de rentabilidad razonables a los productores, promoviendo mejoras en la calidad y desarrollando campañas de promoción y apertura de nuevos mercados internacionales.
Desregulación, precios y responsabilidades
El primer golpe al esquema regulatorio vigente llegó con el Decreto 70/2023, que le quitó al INYM la facultad de fijar semestralmente precios de referencia de cumplimiento obligatorio. Desde entonces, los valores percibidos por los productores se estancaron. La cosecha gruesa de 2025 cerró con precios promedio en torno a los 280 pesos por kilo de hoja verde, niveles similares a los del último laudo de octubre de 2023, mientras que los plazos de pago se estiraron hasta los 180 días.
A ello se sumó la derogación de la Resolución 170/21, que establecía límites a nuevas plantaciones con el objetivo explícito de evitar una sobreoferta de materia prima. Esa norma buscaba preservar el equilibrio entre producción y demanda, un equilibrio que hoy claramente no existe.
Sin embargo, hay una discusión que el sector evita enfrentar: la responsabilidad del propio INYM por haber permitido, en los últimos cinco años, la incorporación de unas 60.000 nuevas hectáreas de yerba mate. Esa expansión se produjo a pesar de que el mismo organismo promocionó la Resolución 170/21 como una herramienta clave para regular la oferta, norma que nunca logró implementar ni hacer cumplir de manera efectiva.
En este contexto, resulta intelectualmente deshonesto atribuir exclusivamente al Gobierno Nacional la responsabilidad por los bajos precios de la materia prima. La caída de los valores responde, en gran medida, a una abundancia estructural de hoja verde, producto de decisiones acumuladas y de una expansión sin planificación que desbordó cualquier intento de regulación.
El costo humano
Las malas decisiones, propias y ajenas, terminan teniendo un saldo concreto: los trabajadores del INYM. Personal capacitado, con conocimiento específico de la actividad yerbatera y difícil de reemplazar, paga hoy el costo de una crisis que excede largamente su responsabilidad.
El debate de fondo sigue abierto: si la crisis de precios se explica por la desregulación o por el exceso de materia prima. Eludir esa discusión solo posterga las soluciones y profundiza los daños en uno de los sectores productivos más emblemáticos de Misiones.
Fuente: En base a información de Clarín Rural y elaboración propia – La Voz Disruptiva.
