Mientras más de 150 buques permanecen detenidos por un conflicto originado tras la desregulación del practicaje y pilotaje, el Gobierno nacional abrió un nuevo frente en su estrategia para desmontar regulaciones que considera responsables de encarecer la economía argentina. Detrás de un conflicto que hoy afecta a la Hidrovía, las exportaciones agroindustriales y el abastecimiento de combustibles, aparece un debate mucho más profundo: cuánto cuesta sostener sistemas regulatorios creados hace décadas y si esos costos terminan pagándolos todos los argentinos.
¿Qué es un práctico y por qué su tarea es tan importante?
Para comprender el conflicto es necesario explicar primero un concepto poco conocido fuera del ámbito portuario.
Cuando un gran buque ingresa o sale de un puerto argentino, o navega por determinados ríos y canales, debe contar con la asistencia de un práctico. Se trata de un capitán especialmente habilitado, profundo conocedor de cada tramo de navegación, que asesora al comandante del barco durante las maniobras más complejas.
Su intervención continúa siendo obligatoria por razones de seguridad, especialmente en zonas como la Hidrovía Paraná-Paraguay, donde confluyen grandes volúmenes de exportación y características de navegación que requieren experiencia local.
Lo que modificó el Gobierno no fue esa obligación, sino la forma en que se organiza y presta el servicio.
¿Qué cambió el Gobierno?
Mediante el Decreto 690/2026, el Poder Ejecutivo reemplazó una reglamentación que regía desde 1991.
Según el Gobierno, ese régimen había quedado desactualizado y contenía exigencias que limitaban la competencia, dificultaban el ingreso de nuevos profesionales y contribuían a elevar los costos logísticos del comercio exterior.
Objetivo del Gobierno: reducir regulaciones consideradas obsoletas, facilitar el ingreso de nuevos prestadores y disminuir los costos del comercio exterior, estas medidas permitirán incrementar la competencia, transparentar el mercado y reducir costos que finalmente terminan impactando sobre toda la economía
Principales objeciones de los prácticos y empresas del sector: sostienen que la reforma puede afectar la seguridad de la navegación, modificar las condiciones profesionales e incrementar la participación de operadores extranjeros.
¿Por qué se paralizaron los puertos?
La entrada en vigencia del decreto provocó un fuerte rechazo entre gran parte de los prácticos.
Sin embargo, jurídicamente no se trata de una huelga tradicional.
Los prácticos no son empleados en relación de dependencia ni integran un sindicato que pueda declarar formalmente un paro. Son profesionales independientes que comenzaron a rechazar la aceptación de nuevos servicios.
Como consecuencia, más de 150 buques permanecen detenidos esperando poder ingresar o salir de distintos puertos argentinos, afectando principalmente la actividad agroexportadora, la Hidrovía y la distribución de combustibles.
Ante esta situación, la Prefectura Naval intimó individualmente a los profesionales a retomar sus tareas, mientras que el Ministerio de Trabajo aclaró que técnicamente no puede dictar una conciliación obligatoria al no existir un conflicto laboral convencional.
Una reforma que va mucho más allá de los puertos
El conflicto actual no puede analizarse aisladamente.
Forma parte de una política mucho más amplia impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien desde el inicio de la gestión asumió la tarea de revisar centenares de normas, decretos y reglamentaciones acumuladas durante décadas.
Se trata de un trabajo silencioso, poco visible para la mayoría de la sociedad, pero probablemente uno de los procesos de transformación administrativa más profundos que haya encarado el Estado argentino en muchos años.
La lógica oficial es clara: reducir el llamado “costo argentino”, eliminando regulaciones que, aun cuando pudieron tener sentido en otro contexto histórico, hoy actúan como barreras de entrada, restringen la competencia o generan costos innecesarios para producir, transportar y exportar.
Quienes apoyan estas reformas sostienen que son indispensables para mejorar la competitividad del país.
Sus críticos, en cambio, advierten sobre posibles riesgos para la seguridad, la calidad profesional y la protección de determinadas actividades.
Como ocurre con muchas de las reformas estructurales, el verdadero debate excede ampliamente el conflicto coyuntural.
Una historia que Misiones conoce demasiado bien
Para los misioneros, este debate tiene además una carga histórica especial. Durante buena parte del siglo pasado, el río Paraná fue la gran autopista de la provincia.
Antes de que la Ruta Nacional 12 estuviera completamente asfaltada hasta Puerto Iguazú —obra que recién se completó en la década de 1970— personas, mercaderías, correspondencia y turistas llegaban y partían principalmente por vía fluvial.
El río era mucho más que un paisaje: era el principal sistema de comunicación y de desarrollo económico de Misiones.
Aquella intensa actividad dio origen incluso a oficios que hoy prácticamente desaparecieron. Entre ellos estaban los embarcadizos, hombres que vivían de múltiples tareas vinculadas a la navegación, la carga y descarga de mercaderías, la asistencia a las embarcaciones y el movimiento cotidiano de los puertos. La palabra era habitual en las canciones del litoral y en los relatos de generaciones anteriores. Hoy casi ha desaparecido del lenguaje cotidiano, del mismo modo que fue desapareciendo la intensa actividad fluvial que le daba sentido.
Con el paso del tiempo, una sucesión de regulaciones, exigencias administrativas, costos crecientes y pérdida de competitividad fue haciendo cada vez menos atractivo el transporte por agua. Lo que durante décadas había sido el principal medio de integración regional terminó desplazado por el transporte terrestre.
El desafío de revisar lo heredado
Todavía es imposible anticipar cómo terminará este conflicto. Habrá negociaciones, probablemente presentaciones judiciales y quizás modificaciones en algunos aspectos de la reglamentación.
Pero el debate de fondo ya quedó instalado. La Argentina enfrenta un desafío mucho mayor que resolver un conflicto portuario: revisar si las regulaciones acumuladas durante décadas siguen cumpliendo el objetivo para el que fueron creadas o si, por el contrario, terminaron convirtiéndose en parte del llamado “costo argentino” que limita la competitividad del país.
Para una provincia como Misiones, cuya historia estuvo profundamente ligada a la navegación de sus ríos, recuperar un transporte fluvial eficiente no significa solamente abaratar costos logísticos. También puede representar la posibilidad de volver a mirar al Paraná como un aliado estratégico para el desarrollo y no como una oportunidad desaprovechada.
Quizá por eso la discusión que hoy parece concentrarse en los puertos del Gran Rosario trasciende ampliamente ese escenario. En el fondo, interpela una vieja pregunta que la Argentina vuelve a hacerse: ¿cuántas de las regulaciones que alguna vez nacieron para ordenar una actividad terminaron, con el paso del tiempo, dificultando precisamente aquello que buscaban promover?
Fuentes consultadas
- Ámbito Financiero, “Desregulan el practicaje y pilotaje en ríos y puertos argentinos” (31 de julio de 2026).
- Ámbito Financiero, “Puertos paralizados tras decreto del Gobierno: hay más de 150 buques detenidos por un cese de actividades” (3 de agosto de 2026).
