Mientras la atención pública se concentra en la política cotidiana, una decisión de la Corte Suprema podría abrir una discusión que varias provincias preferirían no tener. El máximo tribunal volvió a pronunciarse contra las llamadas “aduanas internas” y dejó planteadas preguntas que Misiones parece no dispuesta a formular.
Una noticia importante que casi no fue noticia
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó esta semana que las provincias no pueden aplicar tratamientos tributarios diferenciales a empresas radicadas fuera de sus territorios.
Lo hizo al resolver dos causas contra las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, declarando inconstitucionales normas que imponían alícuotas más altas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a empresas cuya sede se encontraba en otras jurisdicciones.
Para la Corte, esas diferencias constituyen una discriminación incompatible con la Constitución Nacional y generan una suerte de “aduanas interiores” expresamente prohibidas por nuestro sistema federal.
La noticia apareció en algunos medios especializados, pero pasó prácticamente desapercibida en gran parte del país. Sin embargo, detrás del fallo podría esconderse una discusión mucho más amplia.
Lo importante no es Santa Fe ni Entre Ríos
A primera vista, podría parecer un conflicto técnico entre empresas y organismos recaudadores provinciales. Pero el fondo del asunto es mucho más profundo.
La Corte volvió a reafirmar tres principios constitucionales básicos:
- La igualdad ante la ley.
- La libre circulación de bienes y servicios entre provincias.
- La prohibición de establecer barreras internas al comercio.
En otras palabras, el máximo tribunal recordó que la Argentina no es una suma de pequeños países independientes sino un mercado común integrado por provincias que no pueden obstaculizar artificialmente el intercambio económico entre sí.
Y allí es donde aparecen interrogantes que exceden ampliamente los casos analizados.
¿Qué pasa con Misiones?
La pregunta resulta inevitable. Durante años, distintos sectores empresariales, comerciantes, transportistas y contribuyentes han cuestionado diversos mecanismos de control, percepción y recaudación implementados en Misiones.
No se trata solamente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
El debate incluye también sistemas de percepción anticipada, retenciones, controles de ingreso de mercaderías, regímenes de información y procedimientos administrativos que, según sus críticos, terminan encareciendo la actividad económica y dificultando el comercio con otras provincias.
Ese conjunto de mecanismos fue bautizado hace tiempo por muchos empresarios como la “aduana paralela”. El término siempre generó controversias.
Para algunos representa una herramienta legítima de control fiscal. Para otros constituye una barrera económica que afecta la competitividad provincial.
Lo cierto es que el fallo de la Corte no analiza específicamente el sistema misionero. Pero sí vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿Hasta dónde llega la autonomía tributaria de una provincia cuando sus decisiones afectan la libre circulación económica dentro del país?
Las preguntas que casi nadie se está haciendo
Quizás el aspecto más interesante de esta noticia no sea lo que responde sino lo que obliga a preguntar.
¿Podrán utilizarse estos precedentes en futuras demandas contra otros regímenes provinciales?
¿Existen mecanismos tributarios locales que podrían quedar bajo revisión judicial?
¿Es sostenible un modelo de desarrollo basado en aumentar controles y cargas sobre la circulación de bienes?
¿O la competitividad del futuro deberá construirse mediante productividad, infraestructura, innovación y menor presión administrativa?
Son preguntas incómodas porque obligan a discutir cuestiones estructurales. Y justamente por eso suelen quedar fuera del debate público.
Una tendencia que va más allá de un fallo
La decisión de la Corte tampoco aparece aislada. Llega en un contexto donde el Gobierno nacional impulsa una extensa agenda de desregulación económica, simplificación administrativa y eliminación de trabas burocráticas.
En los últimos meses se modificaron normas laborales, comerciales, logísticas y administrativas que durante décadas parecían inamovibles.
Muchas de esas reformas pasaron inadvertidas para la mayoría de la sociedad. Son cambios silenciosos. Poco espectaculares. A veces incluso aburridos. Pero suelen tener efectos más profundos que los grandes discursos políticos.
Por eso este fallo merece atención. No porque vaya a producir consecuencias inmediatas. Ni porque implique automáticamente cambios en Misiones. Sino porque forma parte de una discusión más amplia sobre cómo competir, cómo crecer y cómo integrarse a una economía cada vez más abierta.
Reconstruyendo el debate
Desde La Voz Disruptiva hemos sostenido reiteradamente que una de las discusiones centrales de esta época pasa por la competitividad sistémica.
No alcanza con producir. No alcanza con trabajar más. Tampoco alcanza con reclamar protección permanente.
Las provincias que logren atraer inversiones, generar empleo y expandir sus exportaciones serán aquellas capaces de reducir costos innecesarios, simplificar procesos y facilitar la actividad económica.
La pregunta entonces no es solamente jurídica.
Es estratégica.
¿Queremos una provincia que compita levantando barreras o una provincia que compita generando condiciones para producir más y mejor? La Corte Suprema acaba de volver a recordarnos que la Constitución eligió hace más de 170 años un camino claro: la libre circulación y la integración económica nacional.
Quizás haya llegado el momento de preguntarnos si estamos avanzando en esa dirección.
Fuente: Elaboración propia de La Voz Disruptiva sobre la base de información publicada por Ámbito Financiero y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
