Carta Abierta
Por Liliana Patricia Ocampo
En la Argentina de hoy, millones de familias ya no se endeudan para crecer.
Se endeudan para comer. Para pagar medicamentos. Para cargar combustible. Para sostener una heladera encendida o para que un hijo pueda seguir estudiando.
Las estadísticas dejaron de ser números fríos. Hoy tienen rostro.
Son madres que no duermen revisando vencimientos. Jubilados que eligen entre remedios y alimentos. Trabajadores que cobran y al día siguiente ya deben la mitad del sueldo. Familias enteras viviendo bajo una presión silenciosa que no aparece en los discursos oficiales, pero sí en cada mesa vacía y en cada ataque de ansiedad.
Los números son alarmantes:
- distintos relevamientos sostienen que entre el 60% y el 90% de las familias argentinas tiene algún tipo de deuda;
- el 56% de los hogares destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos mensuales al pago de deudas;
- la morosidad en créditos familiares llegó a los niveles más altos en más de veinte años;
- el porcentaje de préstamos impagos se multiplicó de manera preocupante en apenas un año;
- casi la mitad de los hogares reconoce no llegar a fin de mes;
- y cada vez más familias utilizan créditos para comprar alimentos, medicamentos o pagar servicios básicos.
Pero detrás de cada deuda hay algo todavía más grave: el desgaste emocional, la culpa, la vergüenza, el miedo y la desesperación.
Porque la deuda no es solamente financiera.
También es psicológica, familiar y social.
Hay niños que crecen escuchando discusiones por dinero.
Hay adolescentes que abandonan estudios para ayudar en sus casas.
Hay personas mayores que sienten vergüenza de deber.
Hay trabajadores agotados que viven haciendo malabares entre créditos, tarjetas y aplicaciones de préstamo.
Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria:
¿Puede el Estado desentenderse completamente de esta realidad cuando muchas de las condiciones que empujan al sobreendeudamiento son consecuencia directa de decisiones económicas y políticas públicas?
Cuando los salarios pierden poder adquisitivo, cuando aumentan tarifas y alimentos, cuando se liberan tasas de interés imposibles, cuando se reducen mecanismos de protección social y cuando el crédito termina siendo el único puente entre una familia y su supervivencia… ¿de verdad puede afirmarse que el Estado no tiene ninguna responsabilidad?
No hablamos solamente de responsabilidad política.
Hablamos de responsabilidad social y, en ciertos casos, incluso jurídica.
Porque el Estado tiene obligaciones constitucionales y convencionales: proteger la dignidad humana, garantizar condiciones mínimas de vida, resguardar consumidores y usuarios, y evitar situaciones de vulnerabilidad extrema.
La Constitución Nacional reconoce derechos específicos de consumidores y usuarios. Además, los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional obligan al Estado argentino a garantizar condiciones de vida dignas y protección especial a los sectores más vulnerables.
Por eso, cuando millones de personas quedan atrapadas en sistemas de crédito abusivos, refinanciaciones eternas, intereses desproporcionados y prácticas de hostigamiento, el debate deja de ser únicamente económico.
Se convierte en una discusión ética, humana y jurídica.
Ahora bien:
¿Puede hablarse de “responsabilidad solidaria” del gobierno?
Desde lo estrictamente técnico-jurídico, la respuesta requiere prudencia. No es sencillo atribuir responsabilidad civil directa al Estado por cada deuda privada de las familias. Pero sí puede sostenerse que existe una posible responsabilidad estatal cuando:
- las políticas públicas generan condiciones estructurales de vulnerabilidad extrema;
- no existen controles adecuados sobre prácticas abusivas;
- se incumplen deberes de protección al consumidor;
- o se omiten medidas razonables frente a crisis sociales previsibles.
En otras palabras: quizás el Estado no firma el pagaré, pero muchas veces crea el escenario donde endeudarse deja de ser una elección y pasa a ser una obligación para sobrevivir.
Y eso merece ser discutido.
Porque ninguna sociedad puede naturalizar que vivir endeudado sea la única manera de llegar a fin de mes.
Porque el problema no es solo económico.
Es humano.
Y porque detrás de cada deuda hay una historia que merece algo más que indiferencia.
Patricia Ocampo
Abogada – Activista social
