El ministro de Desregulación adelantó que el Gobierno enviará al Congreso una reforma para bajar costos en las operaciones inmobiliarias y cuestionó el rol de algunos colegios profesionales. El planteo reabre una discusión mucho más amplia: cuánto pesan en la Argentina las regulaciones, privilegios sectoriales y estructuras corporativas que terminan encareciendo la vida cotidiana.
Después de varios meses donde la agenda desreguladora del Gobierno parecía haber perdido intensidad, el ministro Federico Sturzenegger volvió a dejar una señal política fuerte.
Durante una exposición en la Universidad Católica Argentina (UCA), en un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario, confirmó que el Gobierno enviará en junio un paquete de desregulación inmobiliaria al Congreso con el objetivo de reducir costos en la construcción, abaratar operaciones de compraventa y abrir mayor competencia dentro del sector.
La iniciativa no quedó limitada solamente al mercado inmobiliario. Lo más interesante de sus declaraciones apareció cuando habló del funcionamiento de algunos colegios profesionales y de las regulaciones que, según sostuvo, terminan convirtiéndose en barreras para competir.
“Los colegios profesionales son un problema”
En uno de los momentos más comentados del encuentro, Sturzenegger sostuvo que los colegios profesionales “son un problema” cuando exceden su función de control de matrícula y pasan a fijar condiciones que encarecen el servicio. Entre ellas mencionó aranceles mínimos, restricciones operativas y limitaciones que impiden competir con mayor libertad.
La frase no es menor.
Porque aunque el debate surgió en un auditorio vinculado al negocio inmobiliario, el planteo trasciende ampliamente a martilleros o corredores. En realidad, abre una discusión mucho más profunda sobre distintos sectores de la economía argentina donde, durante décadas, el Estado fue construyendo regulaciones, autorizaciones, barreras de ingreso y estructuras corporativas que muchas veces terminaron funcionando como verdaderos mercados protegidos.
Y cuando eso ocurre, el costo final casi siempre termina pagándolo la sociedad.
Regulaciones que nacen con buenas intenciones… y terminan beneficiando a pocos
Muchas de estas estructuras probablemente nacieron con objetivos razonables: ordenar actividades, garantizar calidad profesional, proteger consumidores o financiar funciones públicas.
Pero el problema aparece cuando esas organizaciones adquieren demasiado poder económico y político, y comienzan lentamente a funcionar más en defensa de sus propios intereses que del ciudadano común.
Allí aparecen aranceles difíciles de justificar, costos fijos obligatorios, restricciones artificiales para competir y una enorme resistencia a cualquier intento de modernización.
Sucede en distintas áreas sensibles de la vida económica argentina.
Y aunque sería injusto generalizar o abarcar a todos los profesionales por igual, el debate alcanza inevitablemente a colegios de abogados, escribanos, martilleros y otras corporaciones con fuerte capacidad de presión institucional y política.
En muchos casos, además, las tarifas quedan vinculadas al valor de los bienes sobre los cuales operan, lo que multiplica automáticamente los costos de las transacciones.
Una discusión que excede al mercado inmobiliario
Las expresiones de Sturzenegger también conectan con otras discusiones que vienen creciendo en la Argentina actual.
Hace pocas semanas, desde La Voz Disruptiva se analizaba la enorme diferencia de precios entre medicamentos vendidos en Posadas y en Encarnación. También ocurrió con los neumáticos, donde un mismo producto podía costar varias veces más en Argentina que en Paraguay.
En ambos casos aparecen múltiples factores: presión impositiva, costos laborales, escala de mercado, inflación histórica y problemas macroeconómicos.
Pero también surgen otros elementos discutibles: regulaciones excesivas, mercados poco competitivos y estructuras protegidas durante años.
La industria del neumático, por ejemplo, estuvo históricamente muy cerrada a la competencia externa. Y aunque la protección pudo haber tenido argumentos válidos en determinados momentos, el resultado final terminó siendo un consumidor argentino pagando valores difíciles de explicar racionalmente.
El mismo debate empieza a aparecer ahora en otras actividades.
Las reformas que avanzaron… y las que quedaron a mitad de camino
El Gobierno de Javier Milei impulsó desde el inicio una batería de desregulaciones importantes: modificaciones en el mercado de alquileres, cambios en organismos públicos, flexibilización de distintas normas económicas y reducción de restricciones en varios sectores.
Algunas produjeron efectos rápidos y visibles. El propio Sturzenegger volvió a citar el caso de los alquileres, donde aseguró que la desregulación aumentó la oferta y permitió contratos más flexibles.
Sin embargo, otras reformas quedaron incompletas o chocaron con límites políticos y jurídicos.
El caso de la VTV y algunas modificaciones de tránsito es un ejemplo claro: muchas normas dependen de la adhesión provincial y terminan encontrando resistencia en estructuras locales ya consolidadas.
Y allí aparece uno de los grandes desafíos de esta etapa: desregular en la teoría puede ser relativamente sencillo; hacerlo en la práctica implica enfrentar intereses económicos construidos durante décadas.
Una “batalla” mucho más grande
Por eso quizás lo más relevante de las declaraciones del ministro no fue el proyecto inmobiliario en sí mismo, sino la confirmación de que el Gobierno pretende avanzar sobre otras estructuras corporativas y regulaciones consideradas intocables durante años.
El propio Sturzenegger reconoció que “va a ser una batalla importante”.
Y probablemente tenga razón.
Porque detrás de cada regulación existen actores que viven de ella, estructuras administrativas que se financian con ella y sectores que construyeron poder alrededor de esos mecanismos.
La discusión de fondo entonces no es solamente económica. Es también cultural y política.
Hasta dónde debe intervenir el Estado. Cuánto debe regular.
Y cuándo una regulación deja de proteger al ciudadano para comenzar a proteger privilegios.
Porque debemos cambiar
La Argentina arrastra desde hace décadas una economía cargada de costos ocultos, regulaciones superpuestas, privilegios sectoriales y estructuras corporativas difíciles de desmontar.
No todas son negativas. Muchas cumplen funciones importantes y necesarias.
Pero otras terminaron transformándose en verdaderos mecanismos de transferencia de recursos desde la sociedad hacia grupos pequeños y bien organizados.
La discusión que vuelve a instalar Sturzenegger no garantiza soluciones mágicas ni inmediatas. Tampoco implica que todo deba liberarse indiscriminadamente.
Pero sí nos obliga a hacernos una pregunta:
¿cuántos de los costos que pagan diariamente los argentinos son realmente inevitables… y cuántos existen simplemente porque durante años nadie se animó a discutirlos?
Fuente: Elaboración LVD, en base a Diario Ámbito, exposición de Federico Sturzenegger en el DATA DAY 4 organizado por Reporte Inmobiliario en la UCA (27 de abril de 2026).
