La Justicia ordenó el procedimiento. Por unas horas, estuvo demorado el principal referente del sindicato de venta ambulante. Guillermo Montenegro celebró el operativo
Un megaoperativo con fuerzas federales allanó la feria conocida como “La Saladita” de la Playa Bristol, ubicada en la Rambla, en el corazón de Mar del Plata. Desde la madrugada, el procedimiento supervisado por el municipio de General Pueyrredón terminó avanzando con el desalojo de los puestos de los feriantes.
La intervención, encabezada por Prefectura Naval Argentina junto a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y bajo orden de la Justicia Federal, se realizó por una denuncia penal impulsada por el intendente en uso de licencia y senador bonaerense, Guillermo Montenegro.
Con topadoras y la custodia de los agentes, durante la madrugada se desmantelaron más de 170 estructuras que funcionaban como puestos comerciales en el terreno, que se estima en 2500 metros cuadrados. Esta mañana, el paisaje del icónico paseo de compras de la Rambla ya estaba vacío, y con restos de escombros.
“En octubre de 2024, Guillermo Montenegro llevó adelante una denuncia en función de la usurpación y la ocupación indebida de este lugar”, precisó el intendente Agustín Neme. “Después de varios meses, la Justicia Federal a través del juez (Santiago) Inchausti, liberó una orden de allanamiento por violación a la ley de marcas y, en ese contexto, le dio a la Municipalidad las herramientas necesarias para saldar una deuda histórica como es devolver a los vecinos, a los turistas y al paisaje de nuestra ciudad, el lugar que es de todos”.
Una cargadora frontal trabaja durante el operativo de desalojo de la feria La Bristol en la playa de Mar del Plata, Argentina, bajo la luz de la noche.
El megaoperativo incluyó más de 150 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, coordinados por el Superintendente y el Jefe Departamental, y, además, casi 100 agentes municipales de diferentes áreas y entes descentralizados.
Durante el procedimiento, también fue allanada la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) y domicilios particulares, entre ellos el de Walter Rivero, referente de la organización, quien estuvo demorado por unas horas. El abogado del sindicato, Martín Bernat, explicó que la entidad estaba atravesando un proceso de reorganización en la ciudad desde hace dos años, tras detectar posibles irregularidades en la venta ambulante. Luego del allanamiento, Rivero fue liberado.
“Rivero fue demorado técnicamente a los efectos de notificar la formación de una causa. Pero no hemos tenido acceso al expediente ni sabemos cuál es la imputación que pesaría sobre él”, señaló Bernat.
La feria funcionaba de forma irregular desde hace más de dos décadas tras obtener un permiso precario. El predio había sido otorgado a la Asociación de Vendedores Ambulantes de Mar del Plata por medio de la Ordenanza 12.953, votada por unanimidad el 18 de noviembre de 1999, por un plazo de 3 años. Se habían permitido la instalación de hasta 70 puestos móviles bajo estrictas condiciones de higiene, retiro diario de mercadería y prohibición de venta de alimentos y bebidas. En la práctica, la cifra trepó a 170 y dejaron de respetarse los límites y controles previstos.
El permiso ingresó en un terreno de irregularidades, con distintas prórrogas. Desde su llegada al municipio de General Pueyrredón, Montenegro quiso recuperar y reordenar el predio. En 2022, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que crea la “Unidad Turística Fiscal denominada Paseo de Compras Bristol”, con el fin de regularizar y fomentar inversiones en el lugar como mercado a cielo abierto bajo reglas claras.
Sin embargo, al carecer de policía propia y depender de las fuerzas policiales bonaerenses, a cargo del gobernador Axel Kicillof, el entonces intendente presentó una demanda a la Justicia federal a fines de 2024.
Desde el primer momento, la gestión bonaerense peronista y la intendencia del PRO pulsearon sobre qué hacer con ese sector comercial. En octubre de 2024, Montenegro ofreció formalmente que la rambla quede bajo control de la administración municipal con el objetivo de restaurarla, mediante un sistema de compensaciones. Para eso, requería que la Provincia cediera el lugar a la intendencia. Ahora bien, desde La Plata rechazaron la propuesta y prometieron obras de restauración y puesta de valor.
El pedido de desalojo de la feria se basaba en informes municipales que indicaban que los puestos generaban “un riesgo cierto y serio en la seguridad y salubridad públicas”, debido a la falta de agua potable y cloacas en las instalaciones.
Personal de la Secretaría de Seguridad y del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) había constatado un estado general de deterioro, con pasillos y rampas en mal estado, proliferación de roedores y residuos, y materiales inflamables expuestos. Además, se denunció que en el lugar se producen “hechos tipificados penalmente”. Según la inspección municipal, se estaba violando la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051 por los desechos y la contaminación por falta de mantenimiento.
Todo el complejo comercial ocupaba un sector estratégico de la zona turística de “La Feliz”, ubicada entre el Casino Central y el Torreón del Monje, detrás del Skate Park, desde la peatonal San Martín hasta Rivadavia. Allí se vendían productos diversos de consumo popular, desde indumentaria y artículos para el hogar hasta tecnología, a precios considerablemente menores que en los locales habilitados de la zona céntrica.
“Durante la madrugada se trabajó arduamente bajo la lluvia y se ha podido conseguir este objetivo y saldar esta deuda de hace muchos pero muchos años”, señaló el intendente Neme, que precisó que se relevó puesto por puesto para retirar la mercadería y el posterior derrumbe por las áreas operativas.
La feria “La Saladita de la Bristol” era reconocida como símbolo de la economía informal en la ciudad. Los puestos, compuestos por gazebos y estructuras metálicas, ocupaban el espacio público y llegaban hasta la playa. La denuncia federal avanzó, justamente, por la falta de facturación y la informalidad en la venta que alcanza a la Ley de Marcas, que protege los derechos vinculados al branding de las empresas comerciales, que sanciona la venta de productos falsificados o sin autorización.
En medio del procedimiento, una feriante identificada como Ana señaló ayer a Canal 8 de Mar del Plata que durante el verano llegó a pagar 3 millones de pesos por mes por el alquiler del lugar. “No te dan ningún recibo, todo en negro”, aseguró. “Si no pagás, te tenés que ir”, señaló sobre el modus operandi de los organizadores del paseo comercial.
Una fila de agentes de policía antidisturbios equipados con cascos y escudos marcha para proceder con el operativo
Tras el operativo, Guillermo Montenegro celebró el procedimiento en las redes sociales y se adjudicó el resultado de la intervención: “En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”.
Fuente: Infobae
