En medio de intentos por desmantelar su estructura legal, el Instituto Nacional de la Yerba Mate reafirma su papel clave como espacio de articulación y defensa de los intereses del sector.
Con tareas y logros concretos en productividad, calidad, promoción y bienestar de productores y trabajadores, su continuidad resulta vital para el desarrollo equilibrado de toda la cadena yerbatera.
Ahora apareció un nuevo intento legislativo por eliminar al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la entidad que desde hace más de dos décadas articula y regula la actividad yerbatera en Argentina salió a defender su continuidad con una enumeración contundente de sus aportes a lo largo de estos años.
La iniciativa, presentada por una diputada nacional por Corrientes, propone derogar la Ley 25.564 que dio origen al INYM y su decreto reglamentario. El proyecto sostiene, entre otras cosas, que el organismo es un “freno al crecimiento y la competitividad”, y plantea “devolver a los actores del sector los recursos que, según su mirada, se les ha quitado sin retribución concreta“. Frente a esto, el Directorio del Instituto respondió con datos y argumentos.
Desde su creación en 2002, el INYM se ha involucrado activamente en cada uno de los eslabones de la cadena yerbatera, desde la producción hasta la comercialización. Entre sus logros más relevantes destacan el impulso a tareas culturales en las chacras, la mejora en la calidad del producto final, la formalización laboral, y la promoción de la yerba mate argentina en más de 50 países.
Lejos de ser un freno, el Instituto señala que su Plan Estratégico ha acompañado un crecimiento sostenido: en 2023 se alcanzó un récord de consumo interno con 285 millones de kilos; en 2024, se exportaron 44 millones de kilos y se procesaron 987 millones de kilos de hoja verde, también un récord histórico. Además, la superficie plantada pasó de 165.200 hectáreas en 2015 a 230.426 en 2025, según el Primer Mapa Digital Interactivo del Cultivo de Yerba Mate.
El INYM no solo regula precios (no por el momento) o promueve el cultivo, sino que también articula con organismos sanitarios para asegurar la inocuidad del producto, financia investigaciones sobre las propiedades benéficas del mate (más de 200 trabajos científicos) y desarrolla programas de educación y promoción del consumo en escuelas y ferias internacionales.
Asimismo, impulsó el Convenio de Corresponsabilidad Gremial que formalizó el trabajo rural, promovió la afiliación de pequeños productores al sistema de salud provincial, otorgó 4.500 becas a hijos de trabajadores rurales y entregó más de 3.000 herramientas para mejorar las condiciones de trabajo en las chacras.
El Instituto remarcó también que su financiamiento proviene de una Tasa de Fiscalización aplicada únicamente al producto comercializado dentro del país, sin utilizar recursos del presupuesto nacional. Además, su funcionamiento está sometido a controles internos y externos, con auditorías periódicas y rendición de cuentas ante la Secretaría de Agricultura, la Jefatura de Gabinete y los gobiernos provinciales de Misiones y Corrientes.
Aunque entre los productores la fijación de precios fue históricamente la función más valorada del INYM —atribución que el DNU 70/2023 les quitó—, su importancia va mucho más allá. El Instituto representa un espacio institucional donde conviven y discuten todos los sectores de la cadena: productores, secaderos, cooperativas, industriales, trabajadores y gobiernos.
Defender su continuidad es defender ese ámbito de confluencia donde se construyen consensos en torno a un producto emblemático de la cultura y la economía regional.
Fuente: LVD
