El Gobierno cambiará funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate y avanzará sobre la norma que en el 2011 limitó la venta de campos a extranjeros
Por Fernando Bertello Para: La Nación
El Gobierno derogará una ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros y, además, impulsará modificaciones en un organismo que hoy regula los precios de la yerba mate y que dejará esa potestad.
Estos puntos, entre otros, están contenidos en el megadecreto de necesidad y urgencia que dará a conocer el Gobierno. Este miércoles, según trascendió, el presidente Javier Milei presentará los trazos generales de la iniciativa que tendrá desregulaciones económicas, achicamiento de gastos del Estado, cambios en la legislación laboral, por ejemplo.
Según pudo saber este medio, el decreto de necesidad y urgencia avanzará, en el caso del agro, sobre leyes la mayoría desactualizadas. Hay cuestiones vinculadas con la vitivinicultura, el algodón, una reforma del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la ley de tierras.
Respecto de este último aspecto, en 2011, con el kirchnerismo en el poder se sancionó la ley 26.737 denominada de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras. Limitó en 1000 hectáreas en la zona núcleo la cantidad de tierras que podía adquirir un extranjero y luego las distintas provincias trazaron sus propias equivalencias en superficie.
En ese momento, la excusa para sacar la ley era que en el país había un importante territorio en manos extranjeras. Se puso que no podían tener más del 15% de las tierras rurales del país. Sin embargo, luego los datos terminaron reflejando otra cosa: que la superficie “extranjerizada” era, con 16.253.279 de hectáreas, el 6,09%. Es decir, sobre un área rural total de 266.707.361 de hectáreas. Para 2020 el nivel de extranjerización había caído al 5%.
Por esta ley, un mercado inmobiliario rural que estaba activo fue perdiendo brillo y los valores de los campos en las mejores zonas agrícolas de la Argentina, como en el norte bonaerense, se fueron despegando de los precios de Estados Unidos. En medio de esa ley más el cepo cambiario, mientras en el país los precios se estancaron en EE.UU., siguieron al alza y hasta subieron más del doble.
Vale recordar que en 2016 el gobierno de Mauricio Macri flexibilizó con un decreto reglamentario la ley de tierras, aunque manteniendo la exigencia del límite de 1000 hectáreas para un extranjero que quería comprar en el país.
Yerba Mate
Otro de los puntos contenidos en el decreto de necesidad y urgencia tendrá que ver con una reforma del Instituto de la Yerba Mate (INYM). Cambiará funciones y entre ellas ya no tendrá la potestad de regular los precios entre productores e industrias, según aseguraron a este medio.
Ese instituto se creó en 2002 luego de una protesta de productores. La ley 25.564 estableció que se trata de un ente de derecho público no estatal. Participan productores, las provincias productoras (Misiones y Corrientes), la industria y el Estado.
En su momento, el artículo 4 de esa ley estableció entre las funciones del organismo “acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del INYM el precio de la materia prima”.
“El mismo resultará de un acuerdo en el INYM basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar. El incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de multas graduables de acuerdo a lo especificado en el título X de la presente ley”, decía.
Allí se fijó que “si las partes no llegasen a un acuerdo la cuestión se someterá al arbitraje del secretario de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, quien deberá laudar, según las pautas arriba mencionadas [por la ley]”.
Vale recordar que el Gobierno finalizó los programas como Precios Justos porque no está de acuerdo con las regulaciones. En esa línea se inscribe también el plan para el INYM.
El ente se financia, entre otras fuentes, con una tasa de inspección y fiscalización por cada kilo de yerba elaborada.
Fuente: La Nación
