Tres años después de haber aprobado una ley que pretendía eliminar el glifosato de Misiones y reemplazarlo mediante bioinsumos, la Legislatura provincial derogó por unanimidad la prohibición. Lo hizo reconociendo, en los hechos, aquello que productores y técnicos habían advertido desde el comienzo: no existían sustitutos eficaces, disponibles y económicamente viables. Queda, sin embargo, una pregunta que nadie parece dispuesto a contestar: ¿quién se hace responsable por los costos, los recursos públicos utilizados y los perjuicios ocasionados durante esta aventura?
La Legislatura de Misiones acaba de poner fin a una de las experiencias más controvertidas de política productiva de los últimos años.
El jueves 3 de septiembre, los 40 diputados provinciales votaron por unanimidad la modificación de la Ley de Bioinsumos y eliminaron el artículo que prohibía el uso del glifosato en todo el territorio provincial.
La decisión podría celebrarse simplemente como una rectificación. El problema es que los mismos argumentos que hoy se utilizan para justificar la marcha atrás eran conocidos —y fueron advertidos— cuando en 2023 se decidió avanzar en sentido contrario.
Y entre una decisión y otra transcurrieron tres años, se generó incertidumbre en algunas de las principales actividades productivas de Misiones, se destinaron recursos públicos a promover alternativas que no consiguieron reemplazar al producto cuestionado y se intentó modificar por ley una tecnología productiva sin disponer previamente de una alternativa comprobada.
Ahora se habla de una “corrección de rumbo”. Está bien corregir. Pero sería mucho mejor que algún responsable se haga cargo y explique por qué se tomó el rumbo equivocado.
De un “día histórico” a una “corrección de rumbo”
El 22 de junio de 2023, la Cámara de Representantes sancionó la Ley VIII Nº 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos.
Su artículo 7 era terminante: prohibía “la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia” y establecía un plazo de dos años para concretar lo que se definía como una “transición progresiva del cambio cultural de los sistemas productivos”.
No se presentó entonces como una experiencia o como un objetivo sujeto a la aparición de tecnologías sustitutas.
Era una prohibición. Y estuvo acompañada por una retórica igualmente contundente.
El diputado Rafael Pereyra Pigerl, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, calificó aquella jornada como un “día histórico” y afirmó que Misiones dejaba los productos sintéticos, “de los cuales muchos son venenos”, para convertirse en una provincia que utilizaría bioinsumos.
El glifosato fue presentado directamente como “un veneno”.
Pero hubo un reconocimiento todavía más llamativo: consultado entonces por La Nación, el propio Pereyra Pigerl admitió que no se habían realizado consultas con los sectores productivos.
Es difícil encontrar una mejor descripción del problema.
Se pretendía modificar profundamente la forma de producir yerba mate, té, tabaco, forestaciones y otras actividades agrícolas de Misiones, sin haber construido previamente un consenso técnico y productivo con quienes debían realizar esa transformación.
Los colegios profesionales, las cámaras empresarias y las entidades productivas habían advertido que la eliminación solamente podía realizarse cuando existieran alternativas probadas, eficaces y económicamente accesibles. No fueron escuchados.
Una decisión política vestida de certeza científica
El debate sobre el glifosato es legítimo.
Como ocurre con cualquier fitosanitario, su utilización debe realizarse respetando las dosis, condiciones de aplicación, distancias, cultivos autorizados, medidas de protección correspondientes y supervisado por profesionales agrónomos responsables. Y es perfectamente razonable que el Estado controle su utilización y promueva tecnologías que reduzcan riesgos ambientales.
Pero una cosa es regular y controlar. Otra muy diferente es prohibir.
Para justificar aquella decisión se utilizaron afirmaciones terminantes sobre daños a la salud y al ambiente en una discusión científica mucho más compleja de lo que sugerían los discursos legislativos.
La clasificación realizada en 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ubicó al glifosato como “probablemente cancerígeno”. Pero otros organismos internacionales y agencias regulatorias llegaron a evaluaciones diferentes sobre el riesgo derivado de su utilización bajo las condiciones autorizadas.
El propio producto continuaba —y continúa— autorizado por los organismos nacionales competentes y utilizado ampliamente en numerosos países.
Una Legislatura puede establecer normas más restrictivas.
Lo que resulta mucho más discutible es convertir una controversia científica en una certeza política y, a partir de ella, alterar por ley sistemas productivos enteros sin disponer de sustitutos previamente comprobados.
Y mucho menos hacerlo relegando a quienes poseen la formación específica para intervenir en estas cuestiones.
Misiones cuenta con ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, investigadores, técnicos y organismos especializados capaces de establecer condiciones de utilización, capacitación, fiscalización y control de los productos fitosanitarios.
Si existían problemas por aplicaciones incorrectas, el camino razonable era mejorar los controles.
Si había utilización sin asesoramiento técnico, correspondía exigirlo.
Si determinadas áreas requerían mayores restricciones, podían establecerse.
Pero se eligió el camino políticamente más espectacular: prohibir un producto autorizado y prometer que una tecnología todavía no probada suficientemente podría reemplazarlo.
El sueño del “santuario verde”
Aquella decisión tampoco apareció aislada.
Formaba parte de una concepción política mucho más amplia impulsada durante años desde la conducción de la Renovación: presentar a Misiones como un “santuario verde”, avanzar hacia una producción pretendidamente ecológica y convertir la conservación ambiental incluso en una posible fuente adicional de ingresos mediante mecanismos como los bonos de carbono.
El objetivo ambiental podía resultar atractivo.
El problema fue pretender acomodar la realidad productiva a una construcción política, en lugar de construir una política ambiental compatible con la realidad productiva.
Misiones produce yerba mate, té, tabaco, cítricos, mandioca, alimentos y madera.
Compite con otras provincias y, en numerosos casos, con otros países.
Las decisiones ambientales no pueden ignorar esa realidad, del mismo modo que la producción tampoco puede desentenderse de sus impactos ambientales.
La sustentabilidad no consiste en eliminar la producción para conservar el ambiente.
Consiste en lograr que ambos puedan convivir.
Y aparecieron los bioinsumos
En medio de aquella cruzada apareció la solución: Los bioinsumos.
Una empresa privada instalada en el Parque Industrial de Posadas comenzó a producirlos con un extraordinario acompañamiento oficial.
El Ministerio del Agro compraba su producción y la distribuía gratuitamente entre productores de yerba mate, té, tabaco, hortalizas y otras actividades. Ya en junio de 2023 La Nación advertía que ni la empresa ni el Ministerio habían informado cuánto dinero público se destinaba a ese programa.
La propuesta parecía perfecta: Misiones desarrollaría sus propios productos biológicos, reemplazaría progresivamente los agroquímicos y se convertiría en una referencia mundial de producción ambientalmente sustentable.
Pero había un pequeño inconveniente: Los productos debían funcionar.
Y la experiencia terminó demostrando que los bioherbicidas promocionados no podían sustituir eficazmente al glifosato en las condiciones y escalas requeridas por las principales actividades productivas.
La Voz Disruptiva siguió particularmente esta historia.
En agosto y septiembre de 2024 publicamos investigaciones sobre los bioherbicidas distribuidos entre pequeños productores, sobre sus resultados y sobre las compras realizadas por el Estado provincial a la empresa favorecida por aquella política.
Los fondos utilizados, además, provenían en parte de recursos del Fondo Especial del Tabaco.
Hoy aquella experiencia prácticamente desapareció del discurso oficial.
La promocionada fábrica está cerrada.
No hubo reemplazo tecnológico.
No hubo provincia libre de glifosato.
No hubo transformación general hacia una producción orgánica.
¡Fin de la aventura!
Lo que en 2023 era imposible decir, hoy lo dice el oficialismo
Quizás lo más extraordinario de la sesión de esta semana no haya sido la derogación. Fueron sus argumentos.
El miembro informante, Waldovino Enio Lemes, explicó que las alternativas necesarias para sustituir los fitosanitarios “no se desarrollaron ni estuvieron disponibles al ritmo que la ley había previsto”.
También sostuvo que cualquier sustituto debe reunir cuatro condiciones elementales: eficacia, autorización, disponibilidad y viabilidad económica.
Y agregó una frase difícil de mejorar: “No podemos pedirle que produzca de otra manera sin que disponga primero de los medios eficaces para hacerlo”.
¡Exactamente!. Eso mismo decían en 2023 quienes cuestionaban la prohibición.
Eso mismo advertían productores, profesionales y sectores de la yerba mate, el té, el tabaco y la forestación.
La diferencia es que entonces esas advertencias parecían obstáculos puestos por quienes no comprendían la histórica transformación ambiental que Misiones estaba emprendiendo.
Hoy constituyen los fundamentos utilizados para derogar aquella misma prohibición. No cambiaron repentinamente las leyes de la agronomía. Cambió la política.
También la oposición debería explicar su conducta
La responsabilidad principal corresponde naturalmente al oficialismo, que impulsó la política y contó con las mayorías necesarias para imponerla.
Pero sería injusto olvidar lo ocurrido con buena parte de la oposición. En 2023, Juntos por el Cambio acompañó la Ley de Bioinsumos en general, aunque rechazó específicamente el capítulo que establecía la prohibición.
Fue una posición intermedia difícil de comprender tratándose precisamente del aspecto central y más controvertido de aquella legislación.
Ahora la eliminación de la prohibición recibió los votos de los 40 diputados presentes. Oficialistas y opositores.
Incluso Carlos Rovira, principal impulsor político de aquella política, acompañó la derogación.
Tal unanimidad podría interpretarse como una saludable capacidad de rectificación.
También puede interpretarse como algo bastante menos edificante: la extraordinaria volatilidad con que una Legislatura puede primero acompañar una política presentada como histórica y, tres años después, acompañar con idéntico entusiasmo y argumentos su desmantelamiento.
¿Y quién paga el error?
Esta es la pregunta que falta en el debate. Porque las políticas públicas equivocadas no son gratuitas.
Durante estos años hubo productores que recibieron productos que no consiguieron los resultados prometidos.
Hubo recursos públicos utilizados para comprarlos y distribuirlos.
Hubo fondos provenientes del Fondo Especial del Tabaco destinados a aquella experiencia.
Hubo empresas y actividades productivas que debieron convivir con la incertidumbre de saber que una herramienta tecnológica fundamental quedaría prohibida.
Hubo compradores internacionales —particularmente en actividades exportadoras como el té— preocupados por las consecuencias que determinadas sustituciones podían tener sobre sus productos.
Hubo funcionarios promoviendo una transformación que finalmente no ocurrió.
Y hubo una fábrica presentada como símbolo de la nueva agricultura misionera que hoy está cerrada.
¿Cuánto costó?
¿Cuánto compró el Estado?
¿Cuánto se distribuyó?
¿Qué resultados tuvieron esos productos?
¿Qué evaluaciones técnicas se hicieron?
¿Qué ocurrió con los fondos públicos utilizados?
¿Quién controló?
¿Quién rindió cuentas?
Son preguntas perfectamente razonables.
Pero ninguna parece formar parte de la “corrección de rumbo”.
Corregir no alcanza
La Legislatura hizo bien en eliminar una prohibición que no podía sostenerse en las condiciones en que había sido concebida.
Pero sería un error cerrar aquí la discusión.
Porque el problema nunca debió plantearse como glifosato sí o glifosato no.
Misiones necesita una política mucho más seria sobre fitosanitarios: productos autorizados, recetas agronómicas cuando corresponda, capacitación de aplicadores, protección de cursos de agua y poblaciones, fiscalización efectiva, buenas prácticas agrícolas y una participación mucho mayor de profesionales y organismos técnicos.
Y debe seguir investigando y promoviendo bioinsumos. Pero aquellos que funcionen. Que estén evaluados. Que sean económicamente posibles. Y que puedan competir con las tecnologías que pretenden reemplazar.
La innovación no se decreta por ley. La ciencia tampoco.
Mucho menos puede obligarse a miles de productores a participar de experimentos concebidos desde un escritorio.
Tres años después, la propia Legislatura terminó reconociéndolo.
Lo hizo por unanimidad.
Sería saludable que, con la misma unanimidad, explicara ahora cuánto le costó a Misiones aprender algo que muchos técnicos y productores habían advertido antes de que comenzara esta aventura.
DATO CLAVE
En 2023 se prohibió el glifosato con un plazo de dos años para reemplazarlo. En 2026, los 40 diputados provinciales votaron eliminar esa prohibición después de reconocer que las alternativas no habían alcanzado la eficacia, disponibilidad y viabilidad económica necesarias.
FRASE DESTACADA
“No podemos pedirle que produzca de otra manera sin que disponga primero de los medios eficaces para hacerlo”
La frase fue pronunciada en 2026 para justificar la derogación. Pero resume exactamente la advertencia que los sectores productivos y técnicos formulaban antes de que la prohibición fuera sancionada en 2023.
Fuentes: Elaboración de La Voz Disruptiva en base a información de La Nación, La Voz de Misiones, Primera Edición, Política Ambiental y antecedentes publicados por LVD en agosto y septiembre de 2024.
