El Gobierno nacional oficializó la privatización de la participación estatal en Transener, la principal empresa de transporte eléctrico en alta tensión de la Argentina. La operación se concretó mediante una licitación pública nacional e internacional y marca un nuevo paso dentro de la estrategia de desregulación, achique del Estado y retiro de participaciones estatales impulsada por la administración de Javier Milei.
La medida quedó formalizada a través de una resolución del Ministerio de Economía firmada por Luis Caputo, mediante la cual el Estado transfirió la totalidad de su participación accionaria al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, que desde ahora compartirá el control de Citelec —holding controlador de Transener— junto a Pampa Energía, empresa liderada por Marcelo Mindlin.
Una licitación con ofertas por encima de lo esperado
La privatización se realizó mediante un concurso público nacional e internacional, uno de los procedimientos que el Gobierno viene utilizando para desprenderse de activos estatales considerados no estratégicos o cuya administración estatal no mostró mejoras significativas en eficiencia o calidad del servicio.
El proceso despertó fuerte interés empresario. La oferta ganadora fue presentada por la Unión Transitoria de Empresas conformada por Genneia y Edison Transmisión, que ofertó USD 356,1 millones por la participación estatal en Citelec. El monto superó ampliamente el precio base fijado en USD 206 millones.
Detrás quedaron otras dos propuestas importantes:
- Central Puerto S.A., con una oferta cercana a USD 301 millones.
- Edenor S.A., con una propuesta de USD 230 millones.
En total, las propuestas recibidas por el Ministerio de Economía alcanzaron los USD 887 millones, una cifra que el Gobierno interpretó como una señal positiva del interés privado por el sector energético argentino.
La importancia estratégica de Transener
La relevancia de Transener dentro del sistema energético argentino explica el impacto político y económico de esta privatización.
La empresa opera más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kV y, junto a su subsidiaria Transba, controla aproximadamente el 85% del sistema de transmisión eléctrica nacional. La red se extiende desde Jujuy hasta Santa Cruz y constituye la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Además de su extensión territorial, el sistema cuenta con unas 160 estaciones transformadoras y niveles de disponibilidad superiores al 99,7%, según los datos oficiales incorporados en la resolución ministerial.
Quiénes son los nuevos actores
La operación también modifica el mapa empresario del sector energético argentino.
Genneia, una de las empresas líderes en energías renovables del país, aporta una capacidad instalada superior a 1.580 MW distribuidos en parques eólicos y solares. Desde comienzos de 2026 es conducida por Jorge Brito, vinculado históricamente al sector financiero argentino.
Por su parte, Edison Energía viene consolidando una fuerte expansión en el negocio energético regulado. En los últimos años adquirió distribuidoras eléctricas, transportistas y activos hidroeléctricos en distintas provincias argentinas, consolidándose como uno de los grupos privados con mayor crecimiento dentro del sector.
Un mensaje político y económico
La privatización de Transener excede el simple cambio accionario de una empresa. El mensaje político de fondo parece claro: el Gobierno mantiene sin modificaciones su rumbo de desregulación económica, reducción del tamaño del Estado y retiro de participaciones públicas en sectores donde considera que la gestión estatal no aporta mejoras concretas en eficiencia, inversión o calidad de servicio.
La decisión se suma a otras medidas impulsadas desde diciembre de 2023 vinculadas a desregulaciones, eliminación de controles y reformas estructurales en distintos mercados.
Porque debemos cambiar
La discusión que vuelve a plantearse es si el Estado debe seguir siendo empresario en actividades altamente técnicas y de fuerte necesidad de inversión permanente, o si su rol debe concentrarse en regulación, control y planificación estratégica.
El Gobierno de Javier Milei parece haber tomado una decisión definitiva: reducir al máximo la presencia estatal directa en la economía y trasladar la responsabilidad de inversión y operación al sector privado.
La gran incógnita será si este proceso logra traducirse, en el mediano plazo, en mejoras reales de infraestructura, inversiones sostenidas y un sistema energético más eficiente y competitivo para la Argentina.
Fuente: Elaboración LVD en base a nota de INFOBAE 12/5/26
