Un nuevo caso reavivó la polémica en el fútbol argentino: un juvenil formado desde niño en un club grande dejó el país rumbo a Europa sin que la institución reciba compensación alguna, amparado en la figura legal de la patria potestad —hoy denominada responsabilidad parental—. El episodio expone una tensión profunda entre la protección jurídica de los menores y la sostenibilidad del sistema formativo del fútbol local.
El caso que volvió a encender las alarmas
En las últimas horas se confirmó que Milton Pereyra, delantero juvenil de Boca Juniors, continuará su carrera en el Napoli de Italia. El futbolista, que había llegado a Boca a los siete años y se desempeñaba en la Sexta División, emigró utilizando el mecanismo de la patria potestad, lo que dejó al club formador sin compensación económica.
El caso no es aislado. Situaciones similares vienen repitiéndose en distintos clubes del país y motivaron incluso una reacción institucional: tras antecedentes recientes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió no convocar a selecciones juveniles a jugadores que abandonen sus clubes mediante este recurso legal, una decisión avalada por unanimidad por los clubes y el Comité Ejecutivo.
¿Qué es la patria potestad y cómo opera en el fútbol?
Desde el punto de vista jurídico, la patria potestad —responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial— es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres o tutores sobre sus hijos menores de edad, con el objetivo de garantizar su protección y desarrollo integral.
Aplicada al fútbol, esta figura implica que ningún menor puede firmar contratos profesionales ni ser transferido sin el consentimiento de sus responsables legales, aun cuando esté fichado en un club y forme parte de su estructura formativa. La decisión final, en esa etapa, sigue estando en el ámbito familiar.
Aquí aparece el conflicto central: los clubes invierten durante años en formación deportiva, educación, alojamiento, alimentación e infraestructura, pero carecen de la potestad última sobre el destino del jugador si este no tiene contrato profesional firmado. Aunque existen mecanismos como los derechos de formación y el sistema de solidaridad, muchas veces estos no compensan ni el costo real ni la pérdida deportiva que implica la salida anticipada de un talento.
Un problema conocido, una tensión no resuelta
La polémica no es nueva. En 2023, el caso de Gerónimo Spina, juvenil de Estudiantes de La Plata que pasó al Atlético de Madrid sin dejar ingresos al club formador, reavivó el debate. Especialistas en derecho deportivo advirtieron entonces que el problema surge cuando los juveniles no tienen contratos firmados: en ese escenario, la responsabilidad parental puede ser invocada judicialmente para liberar al jugador del vínculo amateur.
Históricamente, este mecanismo fue utilizado en transferencias que luego se convirtieron en casos emblemáticos y que, con el paso del tiempo, expusieron una fragilidad estructural del sistema formativo argentino frente al mercado internacional.
Desde lo normativo, tanto la AFA como la FIFA intentaron equilibrar la balanza mediante límites de edad, restricciones a transferencias internacionales de menores y el reconocimiento de derechos de formación. Sin embargo, ningún reglamento deportivo puede imponerse al derecho civil, que prioriza el principio del interés superior del niño. En caso de conflicto, la Justicia suele inclinarse por ese criterio.
Un debate sensible para el fútbol argentino
El avance de estos casos deja al descubierto una tensión estructural: por un lado, un sistema formativo que sostiene buena parte del fútbol argentino y alimenta al mercado internacional; por otro, un marco jurídico que protege al menor pero debilita la posición de los clubes frente a decisiones tomadas fuera del ámbito deportivo.
En contextos económicos frágiles, esta asimetría se vuelve más visible. La imposibilidad de competir con los salarios y oportunidades que ofrece Europa, sumada a la falta de contratos tempranos, expone a los juveniles —y a sus familias— a un entramado de intermediaciones, expectativas y presiones que rara vez se discute de manera abierta.
La patria potestad, concebida para proteger derechos, termina así funcionando como una grieta legal que tensiona el presente y el futuro del fútbol argentino. Un problema silencioso, creciente y todavía sin una respuesta integral, que interpela tanto al sistema deportivo como al jurídico.
Fuente: Nota elaborada a partir de información publicada por distintos medios nacionales, con aportes explicativos de especialistas en derecho deportivo.
