Inteligencia, poder y memoria: las reformas del Gobierno y un debate que vuelve a escena

Nacional Política

El Gobierno Nacional avanzó por decreto en una profunda reestructuración del sistema de inteligencia argentino. La decisión, justificada en nombre de la eficiencia y la modernización, reabre un debate sensible en la sociedad: hasta dónde puede y debe llegar el Estado en materia de inteligencia sin erosionar controles democráticos ni reactivar fantasmas del pasado.

El Poder Ejecutivo oficializó, mediante el DNU 941/2025, una reforma estructural de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, redefiniendo funciones, organismos y mecanismos de conducción del sistema. El cambio más significativo es la centralización del poder estratégico en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a convertirse en el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con amplias facultades de coordinación, control presupuestario —incluidos los gastos reservados— y designación de autoridades.

Qué cambia en el sistema de inteligencia

  • Creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra a los organismos de inteligencia civiles, militares y de seguridad bajo conducción de la SIDE.
  • Creación de la Comunidad Informativa Nacional, conformada por ministerios y organismos públicos que aportarán información relevante.
  • Separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia.
  • Redefinición de la seguridad estratégica mediante la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia.
  • Reordenamiento de la inteligencia militar con la disolución de estructuras superpuestas.
  • Refuerzo de los controles internos mediante una Inspectoría General de Inteligencia.

Según el Gobierno, estas modificaciones buscan eliminar superposiciones, clarificar competencias y adecuar el sistema a amenazas del siglo XXI, en un contexto de creciente complejidad tecnológica y geopolítica.

El argumento oficial y sus límites

En el comunicado que acompañó el decreto, el Ejecutivo sostuvo que la reforma apunta a construir un sistema moderno, profesional y alineado con los más altos estándares democráticos, y que la contrainteligencia queda explícitamente definida para evitar usos políticos internos, prácticas de espionaje doméstico o persecución de dirigentes y periodistas.

Sin embargo, el uso del DNU como herramienta, la fuerte concentración de poder en la SIDE y la ampliación de facultades operativas bajo carácter encubierto generan reparos en distintos sectores políticos, académicos y periodísticos.

Inteligencia y democracia: una discusión inevitable

En la Argentina, hablar de inteligencia estatal no es un ejercicio neutro. Remite inevitablemente a etapas oscuras de la historia, donde la información fue utilizada como herramienta de disciplinamiento político, control social y persecución ideológica.

El decreto será ahora analizado por la Comisión Bicameral del Congreso, instancia clave para evaluar su validez y alcances.

Mirada final

El Gobierno nacional propone dejar atrás décadas de desorden y opacidad en los servicios de inteligencia. El desafío será demostrar, con hechos y controles efectivos, que esta vez la inteligencia del Estado estará verdaderamente al servicio de la República y no de coyunturas políticas, intereses sectoriales o pulsiones autoritarias

Fuente: LVD y medios digitales