El Gobierno Nacional avanzó por decreto en una profunda reestructuración del sistema de inteligencia argentino. La decisión, justificada en nombre de la eficiencia y la modernización, reabre un debate sensible en la sociedad: hasta dónde puede y debe llegar el Estado en materia de inteligencia sin erosionar controles democráticos ni reactivar fantasmas del pasado.

El Poder Ejecutivo oficializó, mediante el DNU 941/2025, una reforma estructural de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, redefiniendo funciones, organismos y mecanismos de conducción del sistema. El cambio más significativo es la centralización del poder estratégico en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a convertirse en el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con amplias facultades de coordinación, control presupuestario —incluidos los gastos reservados— y designación de autoridades.
Qué cambia en el sistema de inteligencia
- Creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra a los organismos de inteligencia civiles, militares y de seguridad bajo conducción de la SIDE.
- Creación de la Comunidad Informativa Nacional, conformada por ministerios y organismos públicos que aportarán información relevante.
- Separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia.
- Redefinición de la seguridad estratégica mediante la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia.
- Reordenamiento de la inteligencia militar con la disolución de estructuras superpuestas.
- Refuerzo de los controles internos mediante una Inspectoría General de Inteligencia.
Según el Gobierno, estas modificaciones buscan eliminar superposiciones, clarificar competencias y adecuar el sistema a amenazas del siglo XXI, en un contexto de creciente complejidad tecnológica y geopolítica.
El argumento oficial y sus límites
En el comunicado que acompañó el decreto, el Ejecutivo sostuvo que la reforma apunta a construir un sistema moderno, profesional y alineado con los más altos estándares democráticos, y que la contrainteligencia queda explícitamente definida para evitar usos políticos internos, prácticas de espionaje doméstico o persecución de dirigentes y periodistas.
Sin embargo, el uso del DNU como herramienta, la fuerte concentración de poder en la SIDE y la ampliación de facultades operativas bajo carácter encubierto generan reparos en distintos sectores políticos, académicos y periodísticos.
Inteligencia y democracia: una discusión inevitable
En la Argentina, hablar de inteligencia estatal no es un ejercicio neutro. Remite inevitablemente a etapas oscuras de la historia, donde la información fue utilizada como herramienta de disciplinamiento político, control social y persecución ideológica.
El decreto será ahora analizado por la Comisión Bicameral del Congreso, instancia clave para evaluar su validez y alcances.
Mirada final
El Gobierno nacional propone dejar atrás décadas de desorden y opacidad en los servicios de inteligencia. El desafío será demostrar, con hechos y controles efectivos, que esta vez la inteligencia del Estado estará verdaderamente al servicio de la República y no de coyunturas políticas, intereses sectoriales o pulsiones autoritarias
Fuente: LVD y medios digitales
