El Decreto 812/2025 avanza sobre el corazón del sistema yerbatero: elimina la facultad del INYM de fijar precios, deroga atribuciones históricas del organismo y profundiza el giro hacia un mercado plenamente desregulado. La medida llega en un momento de crisis de los pequeños productores y reabre un debate central: qué tipo de modelo necesita una cadena que sostiene a miles de familias en Misiones y Corrientes.
Un nuevo capítulo en la desregulación iniciada por el DNU 70/23
La publicación del Decreto 812/2025 confirma una orientación que el Gobierno venía insinuando desde diciembre de 2023. Si aquel DNU había recortado la facultad del INYM de fijar precios mínimos para hoja verde y yerba canchada, esta nueva norma completa el proceso, suprimiendo cualquier capacidad de intervención económica.
El decreto deja cuatro definiciones centrales:
– El INYM no podrá dictar normas que alteren precios, limiten la competencia o generen barreras de entrada.
– Deberá abstenerse de influir sobre oferta y demanda, aun frente a desequilibrios evidentes.
– Tendrá 30 días para revisar y adecuar su normativa interna.
– Se derogan los artículos 9°, 11 a 19 del Decreto 1240/02.
En la práctica, el organismo queda reducido a dos funciones: control de calidad y promoción.
Los fundamentos oficiales
El Gobierno justifica la reforma sobre tres ejes conceptuales:
• Defensa de la competencia.
• Desregulación integral.
• Artículo 42 de la Constitución.
El Ministerio de Desregulación aportó cifras que respaldarían la medida:
– La producción creció 29%.
– Las exportaciones aumentaron 16,6%.
– El precio real al productor cayó 44,3%.
Estos números son presentados como “evidencia del éxito del proceso desregulatorio”.
Reacciones: entre la preocupación, la justificación y la cautela
La cadena yerbatera respondió de manera inmediata y heterogénea.
Desde Misiones y la cadena primaria:
El gobernador Hugo Passalacqua reiteró que la prioridad provincial es “defender a los yerbateros”. Productores expresan preocupación: “Vienen por la tierra”, temiendo un avance de grupos económicos.
Desde el ámbito técnico:
Especialistas remarcan que la Resolución 170 no era prohibitiva sino una herramienta de equilibrio para los más pequeños. Destacan que el INYM ordenó la producción, mejoró ingresos y evitó crisis de sobreoferta.
Desde el sector industrial:
Algunos molinos celebran la mayor flexibilidad. Otros advierten que sin reglas mínimas pueden profundizarse asimetrías históricas.
Un mercado en crisis: precios que no cubren costos
El decreto aparece en un contexto crítico.
Según el INYM, producir un kilo de hoja verde cuesta alrededor de $450.
La zafra terminó pagando entre $250 y $300.
Con insumos crecientes y chacras endeudadas, muchos yerbales comenzarán a abandonarse.
La preocupación no es solo económica: es social, territorial y cultural.
El INYM en su nueva versión
El Instituto deberá ubicarse en un rol más acotado:
– Control de calidad y estándares.
– Promoción del consumo.
– Ámbito de diálogo entre actores.
Sin herramientas vinculantes, su capacidad futura dependerá del consenso voluntario entre sectores con intereses contrapuestos.
Mirando hacia adelante: “Recalculando”, pero como sistema
La desregulación total obliga a recalcular el rumbo. Pero ningún actor podrá hacerlo solo.
Una cuestión es clara: no existe competitividad duradera cuando los eslabones actúan de forma aislada. La sostenibilidad —económica, social y territorial— surge cuando se actúa como sistema.
El desafío será que productores, molinos, gobiernos provinciales y un INYM reconfigurado encuentren formas de coordinarse en un mercado abierto.
Si la cadena logra pensarse como sistema, la incertidumbre podrá convertirse en oportunidad. Ese es el horizonte de esperanza que todavía puede reconstruirse.
Fuente: LVD y medios digitales.
