Misiones lanzó una plataforma tecnológica para seguir la hoja verde desde su origen hasta el paquete. La iniciativa busca transparencia y equidad, pero surgen dudas sobre su impacto real en el precio que reciben los productores.
Ante la desregulación del mercado impulsada por el Gobierno Nacional, la provincia de Misiones -aparentemente- decidió tomar el control de la situación. El pasado mes, la provincia anunció la implementación de un sistema de trazabilidad para la yerba mate, una medida que busca garantizar transparencia en la cadena productiva, ofrecer información al consumidor y, según el discurso oficial, “proteger al productor” frente a un mercado cada vez más desigual.
El sistema, bautizado CETYM (Centro de Transacciones de la Yerba Mate), promete permitir el seguimiento detallado de la yerba desde el yerbal hasta la góndola. Cada paquete llevará un código escaneable que informará sobre el lugar de cultivo, productor, fecha de cosecha, controles de calidad, y establecimiento envasador.
Aunque la propuesta avanza con fuerza institucional —cuenta con respaldo de los Ministerios del Agro y de Hacienda de Misiones y la Agencia Tributaria de Misiones (ATM)—, lo cierto es que no ha contado con la participación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el principal organismo de regulación del sector. Esta omisión, lejos de ser un dato menor, refleja el trasfondo de la medida: una provincia que actúa por cuenta propia ante -lo que considera- el retiro del Estado Nacional.
Una trazabilidad que promete mucho
El sistema comenzará a funcionar el próximo 20 de mayo con los grandes secaderos y molinos, y se extenderá progresivamente a toda la cadena.
Según sus impulsores, CETYM no solo digitaliza operaciones ya existentes, sino que agrega un nivel de control que permite monitorear precios pagados, detectar abusos comerciales, y orientar beneficios (como exenciones impositivas o créditos) hacia quienes cumplen con los valores de referencia.
La directora de Economía Agraria, Arabela Soler -una de las presentadoras del sistema-, aseguró que la plataforma será “amigable” y que se capacitará a los productores para su uso. El ministro del Agro, Facundo López Sartori, la definió como una “acción concreta frente a la desregulación nacional” y como una herramienta que “fortalece al productor, brinda reglas claras y garantiza información al consumidor”.
Desde ATM, su directora Belén Gregori resaltó que se trata de un paso hacia la profesionalización del agro, y que el sistema permitirá seguir en tiempo real el recorrido de cada carga, lo que facilitará la fiscalización y podría frenar la informalidad que aún persiste en varios eslabones de la cadena.
¿Transparencia o más carga para el pequeño productor?
Si bien el discurso oficial destaca los beneficios del sistema, no todos lo reciben con entusiasmo. Para muchos pequeños productores, especialmente aquellos con menos acceso a tecnología o conectividad, la trazabilidad puede representar una carga más que una solución. El miedo es concreto: que los nuevos controles terminen siendo una barrera de entrada al mercado formal, y no una herramienta de inclusión.
En Misiones, unos 13.500 productores abastecen a solo ocho grandes molinos. Esa concentración del poder de compra es una de las grandes asimetrías del sector. En este contexto, un sistema como CETYM podría tener dos caras: una positiva, si efectivamente logra fiscalizar precios y proteger al eslabón más débil; o una regresiva, si se transforma en una traba adicional para quienes ya operan con márgenes mínimos.
Por ahora, la promesa es que el sistema permitirá verificar si se está pagando el precio mínimo establecido. Pero el problema es que, en la práctica, muchos compradores no respetan esos valores, y la provincia no tiene capacidad real de sancionar a quienes abusan de su posición dominante.
El trasfondo: la desregulación nacional
La urgencia en la implementación del sistema se explica por el contexto. Tras el DNU 70/2023 del gobierno nacional, que eliminó regulaciones clave sobre precios de referencia, el mercado yerbatero quedó prácticamente librado a las fuerzas del libre mercado. En ese escenario, los pequeños productores perdieron capacidad de negociación, y los precios de la hoja verde cayeron por debajo de los valores oficiales.
“Apuramos la implementación porque sabemos que hay zonas donde se abusa del productor”, admitió Adolfo Safrán, ministro de Hacienda provincial. El funcionario también anticipó que se usará la información que genere el sistema para otorgar incentivos a quienes paguen precios justos.
El problema, sin embargo, es estructural: sin herramientas legales de alcance nacional, sin control real sobre los grandes compradores, y sin una política integral de comercialización, es difícil que una app por sí sola corrija años de inequidad.
¿Una herramienta de transformación o maquillaje tecnológico?
En los hechos, el sistema CETYM representa un avance en términos de digitalización y control. Es cierto que puede aportar datos útiles, tanto para el Estado como para los consumidores. También es cierto que podría incentivar prácticas más responsables en la cadena productiva.
Pero el interrogante central sigue sin respuesta: ¿puede una plataforma tecnológica garantizar un precio justo? ¿Puede proteger realmente al productor que, hoy, vende su yerba por debajo del costo de producción?
La trazabilidad, en este caso, parece más un síntoma del vacío regulatorio que una solución estructural. Es una forma de ordenar lo visible, sin intervenir en lo esencial. Y aunque el gesto político de Misiones es valioso —en tanto se niega a abandonar al sector productivo en medio del repliegue nacional—, aún está por verse si esta herramienta logrará equilibrar la balanza o solo sumar una capa más de control en un mercado profundamente desigual.
Fuente: Medios digitales
