Un informe nacional volvió a exponer el costo desproporcionado de los Concejos Deliberantes del país. Posadas y Eldorado aparecen entre los casos más difíciles de explicar, en un momento en que la sociedad exige austeridad, transparencia y un uso responsable del dinero público.
Un 10 de diciembre que invita a reflexionar
En los 10 de diciembre la democracia argentina se renueva con la asunción de nuevos representantes. Debería ser una fecha para fortalecer la confianza ciudadana. Sin embargo, llega en un contexto donde el gasto de la política está bajo una lupa cada vez más severa y donde la distancia entre dirigencia y ciudadanía parece ensancharse.
Esta semana, un informe de la Fundación Libertad —publicado por Infobae— aportó nuevos datos a un debate inevitable: cuánto cuesta sostener las estructuras políticas locales, cuánto pesa eso en los presupuestos municipales y, sobre todo, si esos costos se corresponden con las necesidades reales de la población.
Posadas: el Concejo Deliberante más caro del país
El estudio ubica a Posadas al tope del ranking nacional de concejales más costosos:
• $1.442 millones por edil en 2025.
• 14,8% del Presupuesto municipal destinado al Concejo Deliberante.
• Tres veces el presupuesto de obras públicas.
• Cinco veces el destinado a Salud y Desarrollo Humano.
• 1.585 empleados para 13 concejales: 122 por edil, diez veces el promedio nacional.
En una provincia donde la economía agrícola vive uno de sus años más difíciles, estas cifras resultan particularmente desconectadas del contexto y de las prioridades ciudadanas.
Eldorado: otra señal preocupante
El informe también destaca a Eldorado, cuyo Concejo absorbe el 9% del presupuesto municipal —unos $1.785 millones—, una porción difícil de justificar en una ciudad cuya economía atraviesa tensiones profundas en sectores como la yerba mate, la madera y el comercio local.
La austeridad es posible
Mientras algunos municipios sostienen estructuras sobredimensionadas, otros administran con prudencia:
• Comandante Fernández (Chaco): $24,7 millones por concejal.
• Junín (PBA): $29 millones por edil.
Estos casos demuestran que la austeridad no solo es posible, sino que depende de una decisión política.
Gasto político, presión fiscal y la ‘aduana paralela’
En Misiones, la presión fiscal —municipal y provincial— se ha transformado en uno de los principales obstáculos para mejorar la competitividad de sus producciones. A esto se suman mecanismos distorsivos como la llamada ‘aduana paralela’, que encarece productos provenientes de otras provincias y sus costos recaen finalmente sobre toda la población.
En ese escenario, sostener estructuras legislativas sobredimensionadas no solo es un error: es una provocación para quienes hacen esfuerzos reales por sostener su actividad productiva.
La desconexión que erosiona la confianza
La ciudadanía enfrenta dificultades económicas severas: caída de ingresos, falta de empleo, costos productivos en alza. Mientras tanto, la dirigencia parece aferrada a estructuras y privilegios que no se corresponden con las necesidades del momento.
Como sintetiza el informe: “La gente sigue esperando un gesto de la política que todavía no llega”.
Mirando hacia adelante
El país cambió. La política todavía no terminó de asumirlo. Si la dirigencia quiere recuperar legitimidad, debe comenzar por lo esencial: austeridad, transparencia, eficiencia y una revisión profunda del gasto público.
En tiempos de crisis, las instituciones no se fortalecen gastando más, sino gastando mejor.
La población espera un gesto claro, concreto y urgente.
Fuente: Infobae y LVD
