Por Patricia Ocampo
Cada 12 de junio, el mundo pone el foco en una de las problemáticas más dolorosas y persistentes: el trabajo infantil.
En Argentina, miles de niñas y niños ven vulnerados sus derechos más básicos. No están en la escuela, no están jugando, no están protegidos. Están trabajando. Y no lo hacen por elección, sino por necesidad, por pobreza, por abandono.
Lo más alarmante es que, en muchos casos, esa vulneración ocurre a plena luz del día y con la mirada esquiva del Estado. Falta control, falta presencia, falta decisión política. Pero también, y esto duele aún más, lo que muchas veces hay es corrupción. La corrupción desvía recursos que deberían garantizar derechos, desmantela programas sociales, deteriora las instituciones y perpetúa la desigualdad. No se puede hablar seriamente de erradicar el trabajo infantil mientras se tolera la impunidad en las esferas del poder.
No basta con que el trabajo infantil esté prohibido por la ley si no hay políticas públicas concretas, sostenidas y con presupuesto que transformen la realidad de esas infancias. Y no habrá políticas eficaces mientras el Estado siga siendo capturado por intereses que priorizan el beneficio propio por encima del bien común.
Como sociedad, no podemos seguir naturalizando lo inaceptable. No alcanza con conmovernos cada 12 de junio. Necesitamos asumir una responsabilidad colectiva: el Estado debe liderar, pero también el sector empresarial, los sindicatos, las organizaciones sociales y cada ciudadano tenemos un rol que cumplir.
Es urgente generar oportunidades reales para las familias, fortalecer la educación pública, garantizar el acceso a la salud, a la alimentación, al juego. Cada niño que trabaja es una infancia robada. Cada infancia robada es un futuro hipotecado.
Hoy, más que nunca, necesitamos levantar la voz. No podemos hablar de justicia social mientras sigan existiendo niñas y niños que trabajan en vez de vivir su infancia. El trabajo infantil no es cultura, no es tradición, no es una etapa de aprendizaje: es una forma de violencia que debemos erradicar.
Este 12 de junio nos invita a mirar de frente esa deuda que duele. Y nos interpela a actuar. Porque los derechos de la infancia no se postergan. Se garantizan. Se protegen. Se luchan. Y también se defienden del saqueo que significa la corrupción.
Patricia Ocampo es Activista, Abogada, estudiante de escribanía y cofundadora de la Academia Jurídica Montenegro & Ocampo. Comprometida con la defensa de los derechos de la niñez y las causas sociales, trabaja desde una perspectiva jurídica con impacto y sensibilidad, creyendo firmemente que el Derecho también se elige con el corazón.
