Hace un año la jueza Preska condenó al Estado argentino a pagar un monto multimillonario. Desde entonces el país sumó una deuda por otros USD 902 millones en concepto de intereses punitorios por el incumplimiento de la decisión. Hoy ya cuesta USD 17.000 millones
Mientras el Estado argentino apela en las cortes de Nueva York el fallo por el que fue condenado en septiembre de 2023 a pagar USD 16.100 millones por la expropiación irregular de YPF en 2012, el gobierno de Javier Milei está dejando correr los intereses que acrecientan a un ritmo de USD 2,5 millones diarios. Es el costo de recurrir la decisión de la jueza Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska
“Hoy, el fallo por la expropiación de YPF rompió la barrera de los USD 17.000 millones. USD 17.001.526.450 más específicamente. Ya hemos sumado USD 901.738.157 en intereses”, señaló Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, a través de su cuenta en la red social “X”.
En el contexto del juicio por la expropiación de YPF, que Cristina Kirchner ordenó en 2012 y por el que el Estado argentino ya fue condenado en primera instancia a resarcir a accionistas privados, principalmente a Burford Capital, quieren probar que YPF, el Banco Central (BCRA), el Banco Nación (BNA) y Energía Argentina (Enarsa) no son entes o empresas independientes, sino que el Gobierno maneja sus operaciones, para poder embargar sus activos.
A los USD 16.100 millones de la condena, Argentina suma desde septiembre del año pasado una deuda de USD 2,5 millones por día en concepto de intereses intereses
Así, Preska intentará demostrar la figura del “alter ego”, o que el Estado y la empresa son lo mismo. Y no sólo YPF, también corre lo mismo para el Banco Central, el Banco Nación y Enarsa.
Vale recordar que YPF fue excluida de la demanda el año pasado cuando se conoció la sentencia condenatoria. Ahora, con esta medida, Burford quiere que la empresa vuelva a ser parte de la causa para, de esa manera, tener más poder de negociar con Argentina, que hasta el momento no demostró interés por hacerlo.
Mientras el fallo está en apelación, en una Corte de Segunda instancia, en el tribunal de Preska, Burford insiste con una serie de medidas técnicas para presionar y cobrar. Por caso, pedir embargos de activos locales en el exterior y exigir quedarse con las acciones que el Estado tiene en la empresa.
Además, esta semana el gobierno de los Estados Unidos le pidió a Preska que aplace su decisión sobre el pedido de Burford Capital para que le sean entregadas el 51% de las acciones de YPF que están en manos de la Argentina, en el marco de la causa por expropiación de la petrolera en 2012. El Departamento de Justicia norteamericano quiere presentar su opinión en el tribunal antes del 6 de noviembre, el día posterior a las elecciones presidenciales de ese país, aunque la magistrada tiene la posibilidad de no hacer lugar a esa solicitud.
Fuente: Con información de Infobae