El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo media sanción en la Cámara Alta y abre una discusión de fondo sobre indemnizaciones, juicios laborales, convenios colectivos y cargas patronales. Es la primera reforma estructural desde el retorno de la democracia y fue aprobada en un Senado donde el oficialismo está en amplia desventaja numérica.
En la madrugada de ayer el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma laboral del Gobierno.
El dato político es central: se trata de una Cámara históricamente dominada por el peronismo desde 1983, ámbito donde otros intentos de modificación —incluso mucho más moderados— naufragaron por la resistencia sindical y política.
El oficialismo incorporó siete senadores propios en las últimas elecciones, pero continúa en amplia minoría. Cada voto debió ser negociado. El texto original sufrió modificaciones para captar apoyos en sectores moderados o indecisos.
Se preservó, por ejemplo, la obligatoriedad de aportes sindicales —aunque con topes menores— y no se avanzó con la reducción del impuesto a las ganancias para personas jurídicas, una demanda de gobernadores.
Concretamente: hubo triunfo político, pero también concesiones. En democracia las mayorías se construyen así.
UN SENADO HISTÓRICAMENTE RESISTENTE A LAS REFORMAS
Desde el retorno de la democracia en 1983, el régimen laboral argentino tuvo modificaciones puntuales, pero nunca una reforma estructural consensuada que alterara los ejes centrales del sistema.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín hubo intentos de modernización que quedaron atrapados en la crisis económica y la debilidad parlamentaria.
Más tarde, bajo Carlos Menem se avanzó en flexibilizaciones parciales en el marco de las reformas de los años noventa, pero bajo un esquema político de mayorías dominantes y fuerte conflictividad social.
En el gobierno de Fernando de la Rúa se intentó una reforma laboral que terminó envuelta en el escándalo que se denominó el de “las coimas en el Senado”, episodio que debilitó severamente la legitimidad de cualquier intento posterior de cambio estructural.
Durante los gobiernos kirchneristas el modelo laboral se consolidó con alta centralización sindical y fuerte protección normativa.
En la gestión de Mauricio Macri también hubo intentos de reformas acotadas que no prosperaron ante la resistencia gremial y la falta de mayorías firmes en la Cámara Alta.
El Senado, en todos esos períodos, fue un territorio difícil para cualquier modificación profunda del régimen laboral.
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MAYORÍAS
Por esta media sanción obtenida ahora no puede analizarse solo en términos técnicos. Tiene una dimensión política: el oficialismo, aun en minoría, logró articular acuerdos en una Cámara que no controla.
No hubo mayorías automáticas. Hubo negociaciones, concesiones y construcción política. En las democracias modernas, así se construyen las mayorías.
¿QUÉ CAMBIA CONCRETAMENTE?
1. Nueva base indemnizatoria. Se mantiene el principio de un mes por año trabajado, pero se fija un tope basado en salario promedio registrado y se excluyen del cálculo aguinaldo, vacaciones y premios no habituales.
2. Pago en cuotas de juicios laborales. Las grandes empresas podrán abonar hasta en 6 cuotas y las pymes hasta en 12.
3. Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se crea un fondo obligatorio (1% para grandes empresas y 2,5% para pymes) que puede funcionar como alternativa a la indemnización tradicional si así lo pactan sindicatos y empleadores.
4. Vacaciones fraccionadas. Se permite dividirlas en períodos mínimos de siete días.
5. Licencias por enfermedad. Si la enfermedad no es atribuible al trabajador, se abonará el 75% del salario. Si la lesión deriva de una acción voluntaria, la cobertura será del 50%.
6. Banco de horas. Se podrán compensar horas adicionales con francos u otra distribución de jornada, respetando límites legales.
7. Negociación salarial por empresa. Se introduce el principio de prelación: el convenio de empresa podrá prevalecer sobre el sectorial.
8. Limitaciones al derecho de huelga. En sectores estratégicos deberá garantizarse el 75% del servicio.
9. Ultraactividad. Los convenios vencidos ya no continuarán automáticamente sin renegociación.
10. Tope a aportes sindicales. Se fija un límite del 2%.
El Gobierno sostiene que casi la mitad del mercado laboral argentino es informal y que hace más de una década no se genera empleo formal neto.
El diagnóstico oficial es que la incertidumbre judicial y los costos asociados desalientan la contratación.
Sus críticos advierten que se debilitan protecciones históricas del trabajador y que la flexibilización no garantiza creación de empleo.
Para provincias como Misiones, con economías regionales intensivas en mano de obra y alta informalidad, la discusión no es abstracta.
Yerba mate, té, tabaco y foresto-industria enfrentan costos crecientes y competencia externa.
La pregunta es si la reforma facilitará la contratación formal o si simplemente redistribuirá riesgos.
Lo que resulta llamativo es la apatía social frente a un cambio estructural.
El régimen laboral define el costo del empleo, la dinámica de contratación y la previsibilidad productiva. La media sanción no cierra el debate: lo abre.
Ahora será Diputados quien deberá tratar el proyecto.
Más allá de las posiciones ideológicas, el dato es objetivo: el Gobierno logró aprobar en el Senado una reforma laboral estructural sin contar con mayoría propia.
En términos políticos, es un hito. En términos económicos y sociales, su verdadero impacto dependerá de cómo la economía real —empresas, trabajadores y provincias— procese estos cambios.
La discusión recién comienza.
FUENTES:
– Cobertura parlamentaria y análisis publicados por Ámbito Financiero.
– Declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
– Elaboración propia de La Voz Disruptiva.
