Mientras el Gobierno nacional intenta desarmar un sistema caro y capturado por intereses privados, Misiones vuelve a aumentar la Verificación Técnica Vehicular por encima de la inflación y consolida un esquema arbitrario que castiga al ciudadano común y protege negocios políticos.
Un nuevo aumento que vuelve a encender la bronca
Desde el 1° de enero de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volverá a aumentar en la provincia de Misiones. Un auto particular pasará de pagar $54.600 a $71.000, lo que implica una suba cercana al 30%, autorizada por la Subsecretaría de Seguridad y Justicia del Ministerio de Gobierno.
El nuevo cuadro tarifario impacta también en taxis, escolares, transporte de carga y pasajeros, acoplados y remolques, con incrementos generalizados que en algunos casos llegan al 70%. Se trata del segundo aumento fuerte en menos de seis meses, muy por encima de la inflación y sin mejoras visibles del servicio.
Un sistema “legal”, pero profundamente arbitrario
Este aumento no es un hecho aislado. Forma parte de un esquema que desde hace años viene siendo cuestionado por su opacidad, su costo y su lógica recaudatoria.
Ya en julio de 2025, La Voz Disruptiva advirtió que la VTV en Misiones se había convertido en una verdadera “trampa legal”: un sistema formalmente válido pero socialmente injusto, concesionado a privados con vínculos políticos, sostenido por decisiones administrativas que el ciudadano común no puede discutir ni evitar.
Nación avanza, Misiones retrocede
Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsó reformas para simplificar la Ley Nacional de Tránsito, abaratar costos y eliminar monopolios, Misiones decidió no adherir a esos cambios.
La consecuencia es un sistema cerrado, caro y obligatorio, donde el ciudadano queda atrapado entre normas provinciales y controles municipales, sin alternativas reales ni capacidad de defensa.
VTV y “aduana paralela”: dos caras del mismo modelo extractivo
Estas decisiones van a contramarcha del pedido explícito del presidente Javier Milei de bajar costos de todo tipo para recuperar competitividad, tanto en la economía en general como en los productos que la Argentina produce y exporta.
En Misiones, el aumento de la VTV se inscribe en un esquema más amplio y coordinado de arbitrariedades impositivas, del cual la llamada “aduana paralela” es otro ejemplo emblemático. Ambas funcionan como barreras artificiales que encarecen los bienes que ingresan a la provincia y los trámites que deben afrontar los ciudadanos.
El resultado es siempre el mismo: mayores costos que paga toda la población y recursos que no se destinan a mejorar servicios, infraestructura o calidad de vida, sino a sostener un sistema político-extractivo que no aporta al bienestar general. La VTV y la aduana paralela son expresiones distintas de un mismo objetivo: recaudar para sostener a la casta política.
Indefensión ciudadana y abuso “legalizado”
La autonomía provincial no debería ser sinónimo de impunidad normativa. Mucho menos cuando se utiliza para sostener esquemas confiscatorios que afectan de manera directa a trabajadores, familias y pequeños transportistas.
La VTV dejó de ser una herramienta de seguridad vial para convertirse en una fuente de recaudación encubierta, donde el ciudadano solo puede pagar o ser castigado.
Un reclamo que interpela a Nación
Esta situación termina dándole la razón a muchas de las críticas que Federico Sturzenegger y el presidente Javier Milei vienen planteando sobre los avances desmesurados del Estado sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
Desde Misiones, el reclamo es claro: terminar con estas trampas legales, desarmar los sistemas extractivos provinciales y poner al Estado del lado del ciudadano y no de los negocios protegidos. Porque sin una baja real de costos, no hay competitividad posible ni futuro sustentable.
Fuente: LVD y medios digitales
