En medio del debate por el futuro del fútbol argentino, el Gobierno y la AFA mantienen una disputa por el régimen de aportes previsionales. Mientras desde la gestión de Milei denuncian privilegios injustificados, la AFA advierte sobre maniobras de presión para forzar la privatización de los clubes. Un conflicto que combina pasiones, números y política.
En las últimas semanas, un nuevo frente de conflicto se abrió entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta vez, el eje de la disputa gira en torno al régimen previsional especial que rige para los clubes de fútbol profesional desde hace más de dos décadas, y que el oficialismo busca eliminar con el argumento de corregir privilegios y sanear las cuentas del sistema jubilatorio.
La controversia reavivó debates históricos sobre el estatuto jurídico del fútbol argentino, los privilegios fiscales y el rol del Estado frente a una actividad que combina pasión, negocios y millones de dólares.
¿De qué se trata el régimen previsional especial?
El régimen en cuestión fue establecido en el 2003 por el Decreto 1212, en el marco de la recuperación post-crisis del 2001. En lugar de realizar aportes jubilatorios proporcionales a los salarios de sus empleados, los clubes fueron autorizados a contribuir al sistema previsional con un porcentaje de sus ingresos por entradas, transferencias de jugadores y derechos televisivos.
Este esquema fue concebido como un alivio para instituciones que, por entonces, atravesaban serias dificultades económicas. Alcanzaba a jugadores, cuerpos técnicos y personal auxiliar vinculado al fútbol profesional.
Con el paso del tiempo, las alícuotas fueron incrementándose: del 2% original al 7,5% en 2023. Sin embargo, según el Gobierno, el sistema nunca logró cubrir los costos reales del régimen jubilatorio del sector.
¿Qué cambió con la gestión de Milei?
En octubre de 2024, el Gobierno nacional resolvió derogar el régimen especial, argumentando que los ingresos resultaban insuficientes para sostener al sistema previsional, generando un déficit que recaía indirectamente en el conjunto de los jubilados.
Simultáneamente, se abrió una ventana de seis meses para negociar un nuevo esquema con la participación de representantes del Estado y de la AFA. Al no llegar a un acuerdo, la Justicia concedió una medida cautelar solicitada por la AFA que suspendió la eliminación del régimen.
Frente a este revés judicial, el Ministerio de Capital Humano resolvió incrementar los aportes de los clubes al 13,06% de sus ingresos, con un adicional del 5,56% por 12 meses para saldar deudas previsionales.
¿Qué dicen las partes?
Desde el Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger sostiene que el régimen fue “un privilegio injustificado que permitió que el fútbol profesional hiciera aportes deficitarios al sistema jubilatorio“. “¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados”, afirmó en un mensaje en redes sociales, donde también denunció maniobras como el uso de abonos —no alcanzados por la norma— para evadir aportes.
Según su visión, este tipo de beneficios encarna la lógica de una “casta sindical y empresaria” que el gobierno de Javier Milei busca desarticular, como parte de una agenda de desregulación estructural.
La AFA, en cambio, sostiene “que el régimen especial tiene más de 45 años de antecedentes y fue diseñado para contemplar la especificidad del fútbol profesional, caracterizado por ingresos estacionales, alta rotación de personal y costos atados a variables como el dólar o la inflación“.
Desde la entidad aseguran que participaron activamente del comité propuesto por el Gobierno y presentaron una propuesta que elevaba la alícuota al 8,5%, pero sin asumir riesgos fiscales imposibles de predecir. Acusan al oficialismo de utilizar el tema previsional como herramienta de presión para avanzar con la inclusión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un viejo anhelo liberal resistido por los clubes.
¿Un debate económico o una pulseada política?
La tensión actual no se reduce a una discusión técnica sobre aportes y alícuotas. Desde agosto de 2024, el Gobierno reglamentó la figura de las SAD en el deporte argentino e instó a federaciones como la AFA a modificar sus estatutos en el plazo de un año. Si bien la AFA no se opone a que los clubes puedan optar voluntariamente por esa figura, rechaza que se los obligue a convivir institucionalmente con entidades con fines de lucro.
En ese marco, las modificaciones al régimen previsional son leídas por muchos como parte de una estrategia más amplia para forzar la apertura del fútbol argentino al capital privado. Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que se trata simplemente de corregir privilegios y hacer que todos los sectores —incluido el fútbol— paguen lo que corresponde.
Una cuestión abierta
En definitiva, el conflicto entre el Gobierno nacional y la AFA trasciende lo estrictamente previsional y refleja un choque más profundo entre dos visiones sobre el rol del Estado, la naturaleza del deporte y la organización del sistema previsional. La discusión sigue abierta en los tribunales y en la sociedad.
¿Se trata de un ajuste necesario o de una presión encubierta para privatizar el fútbol argentino? ¿Es justo que los clubes tengan un régimen diferenciado o deben pagar como cualquier empleador? Como suele ocurrir en estos casos, los argumentos son válidos desde ambas miradas. El veredicto final, quizás, le pertenezca al tiempo… o a la gente.
Fuente: LVD y medios digitales
