El Gobierno Nacional impulsa cambios para simplificar la Ley de Tránsito y eliminar privilegios, pero en Misiones las autoridades provinciales (y las municipales) prefieren sostener un sistema opaco y costoso, que castiga a los usuarios con tarifas abusivas y multas diseñadas para recaudar.
En febrero de este año, el Gobierno Nacional anunció una serie de modificaciones a la Ley de Tránsito, orientadas a reducir trámites innecesarios, eliminar monopolios y simplificar normas que durante décadas se convirtieron en herramientas burocráticas al servicio de la recaudación. Entre las reformas más destacadas, se introdujo un cambio en la Verificación Técnica Vehicular (VTV): se extendieron los plazos para su renovación, se permitió la habilitación de talleres privados y se eliminó la exclusividad de los centros autorizados por las jurisdicciones.
El objetivo era claro: devolverle al usuario el control sobre trámites que habían sido capturados por estructuras empresariales alineadas con el poder político. El caso de la VTV es paradigmático. Concebida originalmente como un mecanismo para garantizar la seguridad vial, fue transformada por muchos gobiernos provinciales y municipales en una caja recaudadora, concesionada a empresarios vinculados a los oficialismos de turno, con tarifas impuestas arbitrariamente y sin relación con la realidad económica.
Misiones a contramano
Pero mientras el gobierno de Javier Milei avanzaba con la desregulación, en Misiones ocurrió todo lo contrario. No solo no se adhirió a los cambios propuestos, sino que a mediados de junio anunció un aumento del 30% en la tarifa base de la VTV. Un automóvil particular, que pagaba $42.000, ahora debe abonar $54.600. Y eso no es todo: a partir del 1º de agosto, los usuarios que realicen el trámite vencido enfrentarán un recargo del 35%, que puede escalar hasta el 105% si la demora supera los nueve meses.
En paralelo, la demanda de turnos para realizar la VTV cayó un 50% en Posadas. El motivo no es difícil de entender: muchos conductores interpretaron que el DNU nacional anulaba la obligatoriedad, otros simplemente no pueden afrontar el costo. Lejos de asumir esta realidad, el gobierno provincial optó por castigar al usuario, aplicando recargos progresivos y amenazas de sanciones, mientras repite el discurso de la “seguridad vial” como justificación formal.
La situación pone en evidencia un problema de fondo: la legalización de abusos fiscales mediante normativas provinciales. Misiones, como otras provincias, tiene autonomía legislativa en materia de tránsito. Pero esa autonomía no debería habilitar prácticas confiscatorias, ni justificar la continuidad de privilegios empresariales vinculados al Estado.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es sencilla: ¿por qué una medida pensada para ordenar y facilitar termina siendo más cara, más engorrosa y más opresiva para el usuario común? La respuesta también es simple: porque la VTV, en su versión misionera, ya no es una herramienta técnica, sino una fuente de financiamiento encubierto del gasto público improductivo y de los negocios legalizados de la casta político-empresarial.
El conflicto entre Nación y Provincia, en este caso, no es solo político. Es moral. Porque detrás de cada resolución ministerial, hay cientos de miles de usuarios obligados a pagar sumas desproporcionadas bajo amenaza de multa. Porque la seguridad vial no puede usarse como excusa para sostener un sistema corrupto. Y porque si el Estado elige estar del lado de los concesionarios y no de los ciudadanos, entonces es deber de los ciudadanos exigir otro Estado.
Fuente: LVD
