La forestoindustria, es uno de los motores económicos de la provincia, las soluciones a sus problemas no pueden demorarse.
Tras la eliminación del cepo cambiario a fines de abril, la forestoindustria misionera había recuperado brevemente algo de entusiasmo. La medida trajo una mejora relativa en el tipo de cambio para exportar, generando expectativas de mayor competitividad en mercados como el estadounidense o el chino. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Guillermo Fachinello, incluso habló de “previsibilidad y de una posible recuperación de la actividad si el dólar se mantenía estable“. Sin embargo, con el correr de las semanas, ese optimismo fue desplazado por un diagnóstico mucho más crudo: lejos de mejorar, la situación del sector se agravó.

A mediados de junio, referentes empresariales advierten que el primer semestre de 2025 se cierra en peores condiciones que el año anterior. Según Germán Rockembak, vicepresidente de APICOFOM, la combinación de inflación persistente, tipo de cambio atrasado, caída del mercado interno y paralización de la construcción han puesto a la forestoindustria al borde del colapso. “La mayoría de los aserraderos están complicados; muchos ya dejaron de operar”, expresó.
En este marco, el esfuerzo del gobierno provincial por mostrar acompañamiento –mediante líneas de crédito, bonificaciones, asistencia técnica y la operatividad del puerto de Posadas– resultan insuficientes ante un entramado fiscal y regulatorio que sofoca la competitividad del sector privado. La presión impositiva provincial –cargada de tasas distorsivas, percepciones acumulativas y tributos de cuestionada legalidad como la tasa forestal– no solo afectan a la forestoindustria, sino también al resto de las producciones locales.
Es necesario poner sobre la mesa lo que muchos en el gobierno prefieren evitar hablar: la necesidad urgente de eliminar impuestos distorsivos como la percepción de Ingresos Brutos en cada eslabón de la cadena productiva, la aduana interna provincial, las tasas municipales arbitrarias y los costos energéticos excesivos. A ello se suma una burocracia pesada, ineficiente y muchas veces innecesaria, cuyo mantenimiento recae enteramente sobre un sector privado que ya lucha por subsistir.
Por supuesto, muchas de las distorsiones estructurales tienen su origen en la política macroeconómica nacional y deben ser corregidas. Pero es un error –y una omisión deliberada– atribuirle toda la responsabilidad al gobierno central. En Misiones hay márgenes concretos de acción para aliviar la carga fiscal, reducir el gasto improductivo y mejorar la competitividad de las empresas.
Mientras se multiplican los diagnósticos, hay industrias que cierran o trabajan al mínimo, las exportaciones caen y los puestos de trabajo se pierden.
El momento de tomar decisiones valientes y corregir lo que se puede corregir en casa es ahora.
Fuente: LVD y medios digitales