El origen del juicio contra la Argentina por la estatizaci\u00f3n de YPF consiste en una cl\u00e1usula incluida en el estatuto de la compa\u00f1\u00eda de realizar una oferta p\u00fablica de compra<\/strong> que contemple a todos los accionistas.<\/p>\n\n\n\n Cuando Argentina expropi\u00f3 las acciones mediante una ley del Congreso lo hizo sobre las tenencias de la empresa espa\u00f1ola Repsol e ignor\u00f3 las acciones que ten\u00eda el Grupo Petersen de la familia Eskenazi<\/strong>, cuyo ingreso a la compa\u00f1\u00eda est\u00e1 envuelto en sospechas.<\/p>\n\n\n\n Este incumplimiento de igualdad de oferta fue lo que dispar\u00f3 el juicio que hoy sentencia a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los tribunales de Estados Unidos condenan a Argentina al incumplir una cl\u00e1usula que afecta a los accionistas de una empresa que cotiza en Wall Street.<\/p>\n\n\n\n La jueza Loretta Preska, la magistrada que hered\u00f3 el litigio del juez Thomas Griesa, no juzga la decisi\u00f3n del pa\u00eds de expropiar la compa\u00f1\u00eda ni los derechos soberanos del pa\u00eds para tomar esa decisi\u00f3n, sino que esa acci\u00f3n va en contra de los intereses de una parte de los accionistas de la empresa que no tuvieron el mismo trato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La jueza ahora, orden\u00f3 al Estado Nacional\u00a0transferir el 51% de las acciones Clase D de la\u00a0petrolera YPF<\/strong>\u00a0a los fondos buitre beneficiarios del\u00a0fallo contra la Argentina por la nacionalizaci\u00f3n de la empresa<\/strong>\u00a0en 2012. La primera reacci\u00f3n fue un\u00a0desplome de las cotizaciones de YPF<\/strong>\u00a0en Wall Street y la Bolsa porte\u00f1a. Y la segunda fue\u00a0un tuit de Javier Milei, que apunt\u00f3 contra Axel Kicillof.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La noticia fue difundida este lunes 30 de junio por Sebasti\u00e1n Maril<\/strong>, CEO de Latin Advisors, a trav\u00e9s de su cuenta de X. <\/p>\n\n\n\n Lo primero que vale aclarar es que YPF no forma parte del juicio, ni del proceso judicial<\/strong>, sino que es uno de los “botines<\/strong>” del pleito entre privados y el Estado nacional. Es la moneda de cobro m\u00e1s a mano, ya que otras fueron desechadas. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales. El representante del Estado argentino es la Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n, hoy a cargo de Santiago Mar\u00eda Castro Videla.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital<\/a>,<\/strong> que compr\u00f3 los derechos de litigio del Grupo Petersen Energ\u00eda<\/strong> e IEASA (ex Enarsa)<\/strong> y del Eton Park Capital Management, <\/strong>para reclamar una millonaria indemnizaci\u00f3n por presuntas irregularidades en el proceso de estatizaci\u00f3n encarado durante el gobierno de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, mientras Kicillof era ministro de Econom\u00eda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Sin embargo, ese proceso cont\u00f3 con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayor\u00eda en abril del 2012 y no fue azarosa: un a\u00f1o antes se redescubri\u00f3 Vaca Muerta y todo su potencial petrolero y gas\u00edfero. <\/strong>Este es el verdadero bot\u00edn que buscan el fondo litigante y quienes est\u00e1n detr\u00e1s<\/strong>.<\/a><\/p>\n\n\n\n El bufete de abogados ingl\u00e9s, especialista en adquirir demandas<\/strong> de pa\u00edses soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia de marzo del 2023 en que la jueza de Nueva York conden\u00f3 a Argentina por la expropiaci\u00f3n de YPF<\/strong> en 2012. El monto fue fijado en una segunda sentencia meses despu\u00e9s.<\/a><\/p>\n\n\n\n La demanda principal de Burford se sostiene en que, seg\u00fan el art\u00edculo 7\u00b0 del Estatuto de YPF, si alguien compraba m\u00e1s del 15% de la empresa deber\u00eda ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no s\u00f3lo a Repsol.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, el fondo buitre alega perjuicio porque tras entrar en la compa\u00f1\u00eda, el Estado decidi\u00f3 suspender el giro de dividendos que hab\u00eda sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencaden\u00f3 que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, en septiembre de 2023 la magistrada emiti\u00f3 una sentencia de primera instancia que obliga al pa\u00eds a abonar un resarcimiento de u$s16.099 millones<\/strong> por la forma en que se renacionaliz\u00f3 la petrolera, sin realizar a los dem\u00e1s accionistas una Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatizaci\u00f3n impulsada en la presidencia de Carlos Menem.<\/strong><\/p>\n\n\n\n![\"Va](\"https:\/\/media.ambito.com\/p\/9c2e3faae232543af183bde0d252ffb5\/adjuntos\/239\/imagenes\/038\/510\/0038510918\/ypf-wall-street-acciones-adrsjpg.jpg\")
\u00bfQu\u00e9 resolvi\u00f3 la jueza Loretta Preska?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/lavozdisruptiva.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Loretta-3.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nQu\u00e9 reclama y qu\u00e9 gan\u00f3 el fondo buitre Burford<\/strong><\/h2>\n\n\n\n